Las críticas del fiscal General de la Nación hacia el Gobierno nacional no solo han estado guiadas hacia el proyecto de ley de sometimiento y el cese al fuego decretado por el presidente Gustavo Petro, con varias estructuras armadas ilegales. También se ha encargado de emitir reparos al Plan Nacional de Desarrollo, cuyo articulado se está tramitando en el Congreso de la República.
Al respecto, Francisco Barbosa ya había anticipado el martes 21 de marzo que, al día siguiente, iba a entregar un anuncio relacionado con un ‘mico’ incluido en el documento presentado el 7 de febrero ante el Legislativo.
“Voy a informarle al país, en el marco de la política criminal, en dónde se crearon en el Plan de Desarrollo ollas podridas para robarse el presupuesto nacional”.
Concretamente, el fiscal General denunció que el artículo 10 del PND, que está centrado en los compromisos del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícito —Pnis—, establece que “la contratación de las actividades que se adelanten para la implementación de los modelos de sustitución de economías ilícitas y reconversión productiva de los cultivos de coca, marihuana o amapola, se fundamentarán en los instrumentos jurídicos que permiten la contratación entre las entidades estatales y comunidades”.
En ese sentido, advirtió que en realidad esas “comunidades” que señala el articulado son familias. Por ello, dedujo que el Estado, a través el PND, le entregará recursos “a quienes se dedican a la actividad industrial del narcotráfico” y que, bajo ese escenario, la discusión en el Congreso debe generar la derogación de ese artículo.
Lo que menciona el artículo 10 del Plan Nacional de Desarrollo
El documento que está a la espera de ser aprobado en el Congreso, precisa que la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos —Dsci— junto con sus propias autoridades, se encargarán de implementar opciones alternativas a la siembra de cultivos de coca y a otras economías que terminan siendo ilegales. A su vez, determina que la contratación de los mecanismos para la sustitución “se fundamentará en los instrumentos jurídicos que permiten la contratación” entre la institucionalidad y el gobierno indígena.
Por otra parte, el fiscal General emitió un segundo reparo al PND, esta vez hallado en el artículo 82 —Mejoramiento para la participación en compras públicas—, el cual detalla que las instituciones públicas pueden contratar de manera directa a través de Asociaciones Público-Populares “con unidades de la economía popular, organismos de acción comunal, social o comunitaria u otras formas de organización social, grupos y comunidades étnicas”.
Sobre esto, Barbosa Delgado aseveró que la aprobación de ese inciso podría generar que exista una contratación directa de hasta 116 millones de pesos, de no establecerse los mecanismos necesarios para su regulación.
“Si no existen reglas adecuadas para esa contratación, estaremos poniendo en riesgo el patrimonio público y al mismo tiempo perjudicando a los mismos pueblos” pues podrían aparecer sujetos u organizaciones que se aprovechen de esas figuras y no ejecuten esos contratos.
“Estos son los sifones donde meten recursos y desaparecen, si esto es de forma reiterativa serían miles millones de pesos que se podrían en riesgo”, argumentó el fiscal General de la Nación el miércoles 22 de marzo.
Además, sugirió que el término ‘economía popular’ planteado tanto por el Gobierno nacional como por el PND, podría generar confusiones, y sumado a eso, también existe la posibilidad de que se disuelva la figura del registro único de proponentes —RUP—, dependencia que alberga el historial de contratistas.
“Podemos estar haciendo una moñona, un banquete de recursos frente al tema de recursos contra el narcotráfico”, expresó la cabeza del órgano de control fiscal. También dijo que, por ahora, no ha contemplado una nueva reunión con el jefe de Estado pese a que confesó seguir abierto al diálogo para comunicarle sus reparos personalmente frente a varias iniciativas presentadas por el Ejecutivo.