Fiscal pide derogar todos los acuerdos de cese al fuego ante la creciente oleada de violencia en el país

El último gran anuncio del presidente Gustavo Petro para el año 2022, parece estarse cayendo a pedazos:

“Hemos acordado un cese bilateral con el ELN, la Segunda Marquetalia, el Estado Mayor Central, las AGC y las Autodefensas de la Sierra Nevada desde el 1 de enero hasta el 30 de junio de 2023, prorrogable según los avances en las negociaciones”.

Primero fue el ELN, cuyo comando central desmintió haber acordado un cese de hostilidades, a tan solo unos días de haberse conocido la noticia. La decisión “unilateral” del Gobierno de realizar el anuncio, hundió los diálogos con dicha guerrilla en una profunda crisis y, aunque ya logró superarse, al cierre del segundo ciclo de conversaciones todavía no logra concretarse el tan esperado cese al fuego.

Luego, tras descubrir que las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), mejor conocidas como el Clan del Golfo, estuvieron detrás de los desórdenes ocasionados durante el llamado “paro minero” en el Bajo Cauca antioqueño, el presidente Gustavo Petro decidió suspender por decreto el cese de hostilidades el grupo armado, luego de que este quemara cuatro camiones y dos buses de transporte público, en la vía que conduce de Valdivia a Caucasia.

“El ataque con fusil a la fuerza disponible de la policía por parte del clan del golfo rompe el cese al fuego. A partir de este momento no hay cese al fuego con el clan del golfo. La fuerza pública debe actuar de inmediato contra las estructuras de la organización mafiosa”, ordenó el jefe de Estado.

Y, ahora, tras el cierre de su rendición de cuentas en Medellín, el fiscal general, Francisco Barbosa, no solo celebró que el Gobierno haya suspendido el acuerdo con el Clan del Golfo, sino también hizo un llamado a que se den por finalizados los ceses bilaterales con los tres grupos restantes: Segunda Marquetalia, Estado Mayor Central y Autodefensas de la Sierra Nevada, para poder cumplir las más de 365 órdenes de captura en áreas rurales, por cuenta de la creciente ola de violencia en el país, incluso, en las regiones en las que estas últimas tres organizaciones hacen presencia.

“Consideramos adecuado que se haya derogado ese decreto, pero consideramos importante que el presidente evalúe la posibilidad de derogar los otros decretos también porque tenemos un problema serio de operatividad judicial en el país”, insistió el alto funcionario.

Ya que, en sus palabras, aunque el presidente está en plena potestad de expedir decretos a su antojo, deberían cuestionarse aquellos que, de alguna manera, beneficien a las organizaciones criminales, más cuando estás no cumplen con lo prometido.

Las críticas del fiscal General sobre las políticas del Gobierno nacional van más allá del proyecto de ley de sometimiento a la justicia y el cese al fuego decretado por el presidente Gustavo Petro, con varias estructuras criminales. El alto funcionario, también, se ha encargado de emitir reparos frente al Plan Nacional de Desarrollo, que fue radicado ante el Congreso de la República.

Al respecto, el martes (21 de marzo) anticipó que revelaría un ‘mico’ incluido dentro del documento: “Voy a informarle al país, en el marco de la política criminal, en dónde se crearon en el Plan de Desarrollo ollas podridas para robarse el presupuesto nacional”.

Y el anunció, por fin, llegó el miércoles (22). En él, concretamente, el fiscal denunció que el artículo 10 del PND, que se centra en los compromisos del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícito —Pnis—, establece que “la contratación de las actividades que se adelanten para la implementación de los modelos de sustitución de economías ilícitas y reconversión productiva de los cultivos de coca, marihuana o amapola, se fundamentarán en los instrumentos jurídicos que permiten la contratación entre las entidades estatales y comunidades”.

En ese sentido, advirtió que en realidad esas “comunidades” que menciona el articulado son familias. Por ello, dedujo que el Estado, a través el PND, le entregará recursos “a quienes se dedican a la actividad industrial del narcotráfico” y que, bajo ese escenario, la discusión en el Congreso debe generar la derogación de este artículo.