![Fue negada la preclusión de proceso contra general Humberto Guatibonza. @JNeiraN. Twitter](https://www.infobae.com/new-resizer/P8Ty69QD4QPSV0wXfNXhamjFT_s=/992x606/filters:format(webp):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/U6J3YH6HDNHFNMSC74LSM26CWI.jpg 992w)
Ante el juzgado 35 Penal del Circuito se adelantó la audiencia de juicio contra el exgeneral de la Policía Nacional, Humberto Guatibonza, quien es investigado por presuntas interceptaciones ilegales, señalado de ser uno de los presuntos cerebros de una organización que vendía servicios de comunicaciones.
Humberto Guatibonza fue comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, del Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal, también hizo parte del Bloque de Búsqueda, conformado para perseguir a capos del narcotráfico, entre estos Pablo Escobar Gaviria.
El General en retiro fue capturado en septiembre de 2018, por presuntamente obtener ilegalmente información reservada de políticos, empresas, integrantes de la Fuerza Pública, parejas, funcionarios judiciales y de la Fiscalía General, para venderla a terceros interesados como lo expuso el organismo independiente adscrito al poder judicial en Colombia.
La solicitud de preclusión del proceso investigativo se realizó por su abogado defensor el penalista Jorge Armando Otálora quién fue Vicefiscal General de la Nación, donde se argumentó la inexistencia de un software malicioso para realizar las supuestas interceptaciones.
‘’Nunca existió un programa con el que se aseguró se venían haciendo las interceptaciones telefónicas ilegales, no existió el software malicioso’', comentó el defensor judicial, Jorge Armando Otálora.
Al momento de emitir su decisión el juez realizó reparos a las actuaciones de las partes como la defensa y la Fiscalía General por los cambios constantes de fiscal asignado. Juzgado 35 Penal del Circuito: ‘’Ha sido evidente la falta de rigor y ligereza con las que han actuado las partes procesales y que han llevado a que este se dilate por más de 5 años’'.
Después de exponer los argumentos el juez negó la preclusión de la investigación en contra del oficial en retiro. Jorge Armando Otálora apeló la decisión y ahora será un magistrado del Tribunal de Bogotá quien decide si precluye o no este proceso que inició desde el año 2018.
Investigación contra el General en retiro Guatibonza
La Fiscalía General de la Nación capturó al general de la Policía, Humberto Guatibonza y le imputó los delitos de concierto para delinquir agravado, utilización ilícita de redes de comunicaciones, acceso abusivo a un sistema informático agravado, interceptación de datos informáticos agravado, uso de software malicioso agravado y violación de datos personales agravado.
Por estas razones se allanaron en Bogotá las instalaciones de la empresa A&G seguridad, de propiedad del general en retiro Humberto Guatibonza, la cual estaría involucrada con la empresa con sede la capital del Valle del Cauca, lugar desde donde se hicieron las chuzadas.
Entre las víctimas de la presunta red dedicada a las chuzadas, estarían el ex fiscal General Néstor Humberto Martínez, los abogados Jaime Lombana y Jaime Granados, y algunos de sus clientes serían un grupo de abogados que supuestamente representaba a la empresa de transporte aéreo Avianca para acceder a la información de los pilotos que entraron en huelga, e integrantes de la familia Guerrero, dueños de Servientrega y el empresario Víctor Maldonado investigado por el escándalo de InterBolsa (antigua empresa colombiana de corretaje de valores).
Cabe mencionar que el General era uno de los más respetados de la Policía Nacional, este sonó bastante para llegar al cargo de director del organismo gracias a sus labores en operativos antisecuentro y antiextorsión. En su momento contó con el apoyo del expresidente Iván Duque y su fórmula vicepresidencial Marta Lucía Ramírez Blanco para que estuviera frente de 120 mil oficiales en la nación.
Posteriormente la Fiscalía General dio inicio a la investigación que lo tiene enlodado desde el 2019 en la que fue señalado de acordar con otros miembros de la Policía vender servicios de interceptación ilegal de comunicaciones.