Durante su viaje al municipio de Riosucio (Chocó), para encabezar el acto en el que nombre del Estado la vicepresidenta de la República, Francia Elena Márquez, pidió perdón por las violaciones de derechos humanos de la población civil durante el desarrollo de la operación Génesis en 1997, la funcionaria aseguró que por información de un miembro de la Fuerza Pública, instalaron explosivos en inmediaciones del lugar en el que se realizó dicho evento, el martes 21 de marzo.
“Cuando llegué al aeropuerto se me arrimó un policía de los mandos de esta región y me dijo vicepresidenta no está segura en la región, hay, al parecer, una información de unos explosivos que han colocado”, destacaron en el periódico regional El País de las palabras de de la funcionaria durante su intervención en el acto de cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Sin embargo, pese al posible ataque en su contra, la vicepresidenta señaló que ella igual iba a trasladarse hasta la población chocoana.
“Me dijo —Colocamos a su consideración las posibilidades de ir o no ir al acto de reconocimiento por la operación Génesis— y les dije voy”, agregó.
Este nuevo hecho en contra de la seguridad de la vicepresidenta se conoce justo cuando el fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, señalara que los organismos del Estado no quieren hacerse cargo de la seguridad de la funcionaria y no tiene garantías para viajar al Cauca.
“Me dijo que estaba muy preocupada por su situación personal, que nadie le garantizaba la seguridad: fue a la Policía, que no la quieren cuidar, y fue a la UNP (Unidad Nacional de Protección), que tampoco la quieren cuidar”, citaron en Noticias Caracol de sus declaraciones en un foro en el que participó en la Universidad Externado de Colombia.
Entre tanto, en la revista Semana consultaron con el comandante de las Fuerzas Militares, el general Helder Fernan Giraldo, quien indicó que la vicepresidenta no se ha comunicado con él.
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Perdón por la Operación Genesis
Según señala la sentencia de la CIDH del 24 al 27 de febrero de 1997, en las poblaciones ribereñas de los ríos Salaquí y Truandó el Ejército Nacional desarrolló la intervención contra los entonces guerrilleros de las FARC, pero simultáneamente, y en connivencia con los militares, integrantes de las extintas Autodefensas Unidas de Córdoba y Urabá (ACCU) perpetraron la incursión que denominaron Operación Cacarica en la que violaron los Derechos Humanos de los habitantes de esa región que también se conoce como el Bajo Atrato.
“Emprendieron un avance de norte a sur desde el Parque Nacional de los Katios a lo largo del río Cacarica, pasando por Bijao y otras comunidades ubicadas en la ribera de ese río, para finalmente llegar a las riberas de los ríos Salaquí y Truandó, donde desarrollaron operaciones conjuntas con el Ejército. En el marco de la “Operación Cacarica”, los paramilitares ejecutaron a Marino López en Bijao y desmembraron su cuerpo”, señalaron en la sentencia de la CIDH que se profirió en 2013.
Por esta razón, y en cumplimiento de la sentencia internacional, el Estado colombiano tenía que pedir perdón a las víctimas que dejó este contubernio entre el Ejército y las ACCU, acto que encabezó el martes la vicepresidenta, Francia Márquez, que antes de llegar a su cargo, por elección popular, se había destacado como líder social en las comunidades afrodescendientes, que en el caso de la Operación Genesis fueron las más afectadas.
“Aceptamos, sin condiciones, la declaración de responsabilidad internacional del Estado colombiano realizada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por los hechos establecidos en su sentencia. Reconocemos que ha existido un alto grado de impunidad y rechazamos la crueldad infligida en este caso contra las comunidades negras para intimidar, castigar, controlar, coaccionar y desalojar a sus miembros. Pedimos perdón a las víctimas de las operaciones militares y paramilitares de Génesis y Cacarica”, afirmó en el evento.