Así respondió el presidente Petro la petición de las altas cortes de crear 84 juzgados nuevos

La magistrada Magda Victoria Acosta Walteros, presidenta de la Comisión de Disciplina Judicial, se refirió en las últimas horas en entrevista con W Radio a la petición de crear 84 juzgados disciplinarios nuevos, para hacerle frente a las mafias entre abogados y jueces, y el presupuesto para este requerimiento.

La asesora judicial señaló que en la reunión que tuvo con el presidente de la República, Gustavo Petro, se dio cuenta de que hubo voluntad política: “El señor presidente nos señaló que era su intención dar fortalecimiento a la Rama Judicial, en dos vías, una sobre la justicia restaurativa, y dos sobre el apoyo incondicional a que haya presencia de todos los juzgados, o que haya juzgados en todo el territorio nacional, así nosotros, digamos que dando paso a esta iniciativa, estamos formulando una propuesta de que haya presencia de juzgados disciplinarios en el territorio Nacional, porque en la medida que crece la jurisdicción ordinaria, nuestra jurisdicción, es a través de nuestra jurisdicción que tiene contacto el ciudadano y pone sus quejas cuando no funciona la justicia colombiana”, explicó ante el medio anteriormente citado.

Conforme a lo mencionado por la magistrada, la medida en que se le dé oportunidad al ciudadano de poner sus quejas, contra los servidores y empleados que hacen parte de la Rama Judicial, se podrá identificar dónde se está generando un mayor problema, dónde no se recibiendo una justa oportunidad y así mejorar para el ciudadano.

La togada se refirió a las mafias que se han encontrado entre jueces y abogados: “por ejemplo en el Caribe es noticia nacional que se ha presentado con frecuencia asuntos que estamos investigando, pero si hemos tenido, ayer lo mencionamos en el foro de ética, que traer y hacer uso del poder preferente para investigar algunos señalamientos que se hacen de corrupción, a jueces, a partir de solicitudes que hacen abogados y venimos sancionado efectivamente estas conductas, pero si hemos encontrado que se presentan con mayor frecuencia en el eje cafetero y en la zona del Caribe”, señaló Acosta.

A su vez la magistrada y presidenta de la Comisión se refirió a los costos de esta petición, ya que confirmó que un juez del circuito vale 308 millones anuales, y con el personal que conlleva tiene más o menos un valor de mil millones de pesos anualmente, y eso se debe multiplicar por el número de juzgados requeridos.

Al iniciar el mes de marzo la Comisión le planteó al mandatario de los colombianos la creación de juzgados disciplinarios, para que conozcan en primera instancia sobre los procesos por quejas de corrupción.

En la petición se solicitó la creación de 84 juzgados según lo anunció la presidenta Magda Victoria Acosta, “por actuaciones inadecuadas de funcionarios judiciales en el territorio nacional, específicamente en cada municipio del país”. También la funcionaria recordó que la corporación es relativamente nueva, ya que se creó en el 2015.

En cabeza de la presidenta se mencionó que se trata de una necesidad real, para hacer presencia en las seccionales del país y así dar cumplimiento a las responsabilidades de la rama. Cabe mencionar que esta adición al presupuesto de la justicia no están incluidos en los cargos de la judicatura, ya que se trata de una propuesta que surgió a partir de una reunión con el presidente Gustavo Petro y que se espera sea considerado en la adición presupuestal que se hace en la Rama Judicial con la finalidad de tener presencia en las jurisdicciones.

La presidenta de la Comisión de Disciplina Judicial se refirió en entrevista con W Radio a la decisión de la Corte Constitucional frente a las funciones jurisdiccionales de la Procuraduría: “No es muy claro todavía, cuál sería el recurso por el cual se conocería por parte del Consejo de Estado”, refiriéndoselo al control automático que esta alta corte tendría luego de la investigación que realiza la Procuraduría.

Asimismo, dijo que hasta que se tenga la sentencia completa no se podrá pronunciar, en contraste mencionó que la Comisión debería tener funciones de policía judicial para poder investigar, citando como ejemplo a los funcionarios de la Fiscalía sin solicitarles su colaboración.

Concluyó su intervención mencionando que “el proceso disciplinario que además es jurisdiccional está acoplado con el fallo de la CIDH, para los sujetos disciplinadles, nosotros actualmente no tenemos esa competencia, porque se limita a los empleados de la Rama Judicial, incluyendo a la Fiscalía y al instituto de medicina legal”.