Sara Piedrahita Lyons, quien fue representante a la Cámara entre 2014 y 2022, recibió un llamado a indagatoria por parte de la Corte Suprema de Justicia, que investiga sus vínculos con el desfalco a los dineros de la salud del departamento de Córdoba, conocido como el “Cartel de la hemofilia” y que lideró su primo, Alejandro Lyons.
La Sala de Instrucción del alto tribunal anunció la apertura de investigación formal en contra de la exrepresentante y la llamó a indagatoria, en la que deberá afrontar los delitos de falsedad en documento privado y fraude procesal. Esto, según la Corte, porque su campaña a la Cámara en 2014 habría sido financiada con los recursos de la red de corrupción que con documentos falsos se apropio de dinero destinado a la atención de pacientes hemofílicos.
Piedrahita Lyons habría recibido cuantiosas sumas de dinero, hasta 1.100 millones de pesos, para financiar su campaña y darle apariencia de legalidad a recursos mal habidos, según señaló la Corte al abrir la investigación. Ahora deberá pasar a defenderse contra el material probatorio que pesa en su contra.
La exrepresentante del Partido de la U, que también fue Señorita Córdoba en 2008, está bajo la lupa de las autoridades desde las declaraciones de Leonardo Pinilla, alias Porcino, abogado implicado en el escándalo del cartel de la Hemofilia y quien tiene un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación. El condenado la señaló de recibir dineros destinados a la atención de pacientes de la extraña enfermedad girados por la Gobernación de Córdoba.
La excongresista también es investigada por lavado de activos y enriquecimiento ilícito por haber recibido presuntamente dineros, tanto de ese desfalco, como de las regalías que habría propiciado, según lo dicho por la Corte, por su primo y entonces gobernador Lyons Muskus. Piedrahita ya fue acusada por esos delitos y se encuentra en etapa de juicio.
Por estos hechos es investigado el exgobernador de Córdoba Alejandor Lyons, quien ha intentado anular el proceso en su contra ante la Corte, la cual prepara la acusación después de varios aplazamientos, mientras se encuentra detenido en los Estados Unidos a la espera de su extradición.
El caso empezó con Lyons Muskus, quien fue hallado responsable por la Contraloría General de la República al evidenciar los hechos en 2016, pero continuaron con su sucesor y aliado en varios casos de corrupción, Edwin Besaile Fayad. Este, de acuerdo con el ente fiscal, autorizó el pago de facturas de la IPS San José de la Sabana a pesar de haber sido emitidas durante la administración anterior.
En el caso también se encuentra el exsenador Musa Besaile, quien según la Fiscalía General de la Nación, fue el intermediario para que Edwin Besaile recibiera en 2015 hasta 2.100 millones de pesos para financiar su carrera política por parte del entonces gobernador.
“Los dineros, presuntamente, fueron justificados como si correspondieran a porcentajes de comisiones por proyectos de obra con recursos de regalías o recobros de supuestos servicios prestados, a través de una institución de salud, a pacientes con enfermedades de alto costo como la hemofilia”, señaló la Fiscalía en la imputación en junio de 2022.
Esta es la segunda investigación a la que es vinculado Edwin José Besaile Fayad. En la primera se le atribuyen posibles irregularidades asociadas con el denominado ´Cartel de la Hemofilia´, mientras se desempeñó como gobernador de Córdoba entre 2016 y 2019.
En 2021 la Procuraduría General de la Nación también formuló pliego de cargos contra el exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons, y tres exsecretarios de Desarrollo de la Salud por haber pagado más de 7.700 millones de pesos a tres instituciones prestadoras de salud (IPS) de manera irregular, ya que la Gobernación no tenía contratos con estas.