El intento de lograr el desarme del Clan del Golfo tuvo un primer tropiezo al suspender el cese al fuego que había firmado el Gobierno nacional. Esa decisión puso en duda, tanto la voluntad de paz de esa organización armada, como el camino que han abonado las instituciones estatales en ese propósito.
El comisionado de Paz y los representantes del Gobierno nacional han sido claros en que la única opción del Clan del Golfo es el sometimiento a la justicia. Sin embargo, Ricardo Giraldo, abogado representante de ese grupo criminal, aseguró a Caracol Radio que no se ha contemplado la posibilidad de ese mecanismo de desarme.
“Jamás he hablado de sometimiento de manera oficial con el Gobierno. Sé que muchos incluso políticos, algunas personalidades del Gobierno, lo que quieren es que se sometan, pero ellos no se van a someter a la justicia, porque ellos quieren es dialogar”, aseguró Giraldo a la emisora.
El representante de la organización criminal señaló que pese al nombre que se ha utilizado para denominar a la estructura, en los acercamientos han sido reconocidos como Autodefensas Gaitanistas de Colombia, como se autodenominan. Sin embargo, con ese nombre no buscan un reconocimiento o estatus político que sería necesario para poder entablar negociaciones de paz.
“De sometimiento jamás he hablado por parte mía y las AGC. Y con el alto comisionado de Paz (que es el mecanismo institucional de diálogo con las AGC) nunca se ha planteado la posibilidad de un sometimiento. Cuando hablamos con el Gobierno nacional, a través del comisionando de paz, ni siquiera se había radicado el proyecto de ley que ellos llaman de sujeción a la justicia”, agregó el abogado al medio citado.
Aunque el representante Giraldo no definió el mecanismo por el que esa organización criminal dejaría las armas, señaló que buscan “dialogar” porque tienen interés en solucionar los problemas en los territorios donde tienen alta injerencia militar, social y control territorial. “Se necesita claridad jurídica de los mecanismos de Paz Total”, señaló.
El 13 de marzo, las AGC o Clan del Golfo envió una comunicación a la Oficina del Alto Comisionado de Paz en la que manifestó haber designado abogados para los acercamientos con el Gobierno nacional en la política de Paz Total. Inicialmente se harían acercamientos y luego, según explicó Danilo Rueda, se pasaría a una fase dialógica con los grupos que acepten buscar condiciones para desarmarse.
“Han nombrado ya unos abogados, no nos dicen quiénes, estoy esperando que se acerquen para iniciar esta fase dialógica de sujeción al Estado de Derecho”, afirmó Rueda a Noticias Caracol, afirmó que no importaba que el proyecto de ley para ese mecanismo no se hubiera aprobado en el Congreso, porque avanzarían en desescalamiento medidas de confianza para el avance del proceso.
Ahora esa organización cuestiona que no se haya establecido su participación en los hechos violentos en el paro minero del Bajo Cauca, que motivaron la suspensión del cese al fuego por parte del Gobierno, porque aseguran que no se activó el mecanismo de verificación para determinar el incumplimiento.
El Ministerio de Defensa asegura que la información de inteligencia indicaba que esa organización estuvo detrás de la alteración del orden público en medio del paro minero, debido a su interés por mantener las estructuras de extracción ilegal en su zona de influencia.
El presidente Gustavo Petro, tras un consejo de seguridad en Caucasia, no hizo referencia a la búsqueda de la paz con esa organización criminal. Únicamente condenó el sometimiento del Clan del Golfo a la población y ordenó a las autoridades copar el territorio para apoyar al pequeño minero y afectar las grandes estructuras que utiliza esa organización para lavar activos.