Fue indicado por la Cuarta Brigada del Ejército Nacional que tres personas que estaban bajo su custodia en las instalaciones del Batallón Atanasio Girardot, en la ciudad de Medellín, lograron fugarse del área, al parecer las personas que lograron escapar son cabecillas de importantes estructuras criminales y terroristas.
Los tres sujetos que huyeron del batallón militar que está en el nororiente de la capital paisa fueron identificados como Manuel Fidel Yáñez Díaz, alias Zarco, y Hernando Javier Mendoza, alias Discover, presuntos cabecillas del grupo narcoparamilitar Clan del Golfo.
De igual manera, la Cuarta Brigada indicó que Libardo Antonio Correa Mira, alias Libardo, integrante de las disidencias de las Farc, también escapó del batallón.
Sobre los presuntos cabecillas del Clan del Golfo, alias Zarco, quien había sido capturado hace un mes estaba siendo procesado por porte ilegal de armas, tráfico de estupefacientes y lavado de activos, en cuanto a alias Discover, estaba bajo disposición de las autoridades hace más de dos años por los delitos de tráfico de armas y concierto para delinquir. Respecto a alias Libardo, llevaba dos meses detenido antes de su fuga.
Debido al problema de hacinamiento que hay en varios espacios de la capital antioqueña, los sujetos se encontraban recluidos en ese establecimiento del Ejército Militar. La Cuarta Brigada señaló en un comunicado que “este comando ordenó iniciar las investigaciones disciplinarias correspondientes que permitan el esclarecimiento de los hechos en tiempo, modo y lugar”.
Por el momento se espera un informe más amplio que detalle las horas previas y posteriores de la fuga en el Batallón Atanasio Girardot, para poder establecer sí hubo complicidad y negligencia por parte de los uniformados encargados del cuidado de los tres presuntos cabecillas de los grupos delincuenciales y terroristas.
El Estado tendrá que pagar millonaria indemnización por el hacinamiento en las cárceles
La Corte Constitucional dejó en firme una millonaria indemnización que le ordenó la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado en 2020 al Estado colombiano, a favor de 11 mujeres que durante 2012 y 2013 denunciaron haber estado recluidas en la cárcel El Cunduy, en Florencia, Caquetá, con un hacinamiento que superaba el 500%.
“En sentencia del 20 de noviembre de 2020, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado condenó a las entidades accionadas, entre otras cosas, al pago de una indemnización por perjuicios y tasó el daño sufrido por la población de internas en 18.371 SMLMV”, se leía en la sentencia de la alta Corte.
Lo anterior significa que, el Ministerio de Justicia, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) deberán pagar un poco más de $10.300 millones, así lo dio a conocer el diario El Espectador.
Y es que, de acuerdo con el relato de las internas, el centro penitenciario no solo no tenía un patio interno, sino que tampoco un área para que ellas pudieran alimentarse, además de que de las tres baterías sanitarias que tenían disponibles, solo dos funcionaban.
Debido a que solo tenían dos baños a su disposición, las reclusas señalaban que el uso del servicio se tornaba complejo no solo por el tiempo que debían esperar para usarlo, sino especialmente, cuando se presentaban casos de diarrea y vómito.
A lo anterior se le sumaba que en los dormitorios llegaban a dormir 16 internas, muchas de las cuales lo hacían en colchonetas que debían ubicarse en el piso. Además, solo había dos espacios adecuados para las duchas.
En el texto las reclusas concluyeron que el Estado violó no solo sus derechos a la vida, dignidad, salud, ambiente sano e integridad personal, como resultado del hacinamiento, sino que también les generó un trato cruel, inhumano y degradante, y que causa sufrimiento moral, aflicción y tristeza.
En ese sentido, la alta corte dejó en firme la “decisión del Consejo de Estado que declaró la responsabilidad del Minjusticia, del INPEC y la USPEC por los daños a la dignidad e integridad que experimentaron las mujeres recluidas en el pabellón femenino del EPCMS El Cunduy (Florencia, Caquetá), a causa de las condiciones inhumanas de su reclusión”.