El Fondo para la Reparación a las Víctimas (FRV) cerrará el miércoles 22 de marzo el proceso de pago de indemnizaciones judiciales con recursos que superan los 23.000 millones de pesos a casi 8.000 víctimas de los bloques paramilitares Libertadores del Sur, Central Bolívar y Mineros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), en cumplimiento con sentencias proferidas en el marco de la Ley de Justicia y Paz.
Hay que señalar que el valor del pago de estas indemnizaciones judiciales son el producto de la administración y la comercialización que el FRV ejerce sobre los bienes que fueron entregados por estos tres grupos paramilitares.
“A lo largo de los años que lleva la ley no se habían realizado pagos con sumas tan representativas provenientes de recursos propios en favor de las víctimas como el que se lleva a cabo en este proceso”, señaló la Unidad para las Víctimas por medio de un comunicado.
Dentro de este ejercicio de reparación, adelantado por el Fondo para la Reparación, se resaltó que la entidad logró cubrir al 100% el pago de las indemnizaciones judiciales ordenadas en una de las sentencias contra Guillermo Pérez Alzate y otros excombatientes del bloque paramilitar Libertadores del Sur.
Concretamente, en este caso se realizó el reconocimiento de indemnización judicial por 283 hechos victimizantes, de los cuales se destinaron 19.000 millones de pesos en favor del valor reconocido en la sentencia, que fue de 24.000 millones, “el valor restante se cubrió con los recursos del Presupuesto General”, explicó la Unidad para las Víctimas.
Los giros que se hicieron fueron correspondientes al reconocimiento de hechos victimizantes como: homicidio, desplazamiento forzado, desaparición forzada, reclutamiento forzado, secuestro, entre otros.
Sobre Guillermo Pérez Alzate se sabe que era conocido como Pablo Sevillano dentro de las AUC. Fue acusado de ser el autor intelectual del asesinato de la religiosa Yolanda Cerón Delgado. El bloque Libertadores del Sur, del que era comandante, tiene registradas 1.660 víctimas en el Sistema de Información de Justicia y Paz (SIJYP).
Además, reconoció ante la Fiscalía General haber cometido 120 asesinatos. También confesó que en 2001 su grupo asesinó a seis supuestos vendedores de droga en el puerto de Tumaco y a tres ladrones de carros. En marzo de 2009 confesó, en versión libre, haber reclutado 67 menores de edad. En esta diligencia también confesó 39 homicidios y la responsabilidad en una masacre cerca al hospital de Tumaco, Nariño, donde los ‘paras’ asesinaron a seis personas.
Este proceso de reparación a las víctimas inició en diciembre de 2022 con el pago parcial de las indemnizaciones judiciales por las afectaciones cometidas por estos tres grupos paramilitares en diferentes territorios del país.
De acuerdo con la Unidad para las Víctimas todo el ejercicio adelantado por el Fondo para la Reparación culminará en Barrancabermeja, Santander, lugar en el que, además, se adelantarán una serie de actividades como el reconocimiento y la dignificación de las víctimas del conflicto armado, acompañamiento psicosocial y asesorías relacionadas a la inversión adecuada de los recursos para que estos tengan un efecto reparador en sus condiciones de vida.
El comunicado de la entidad, con fecha de 17 de marzo, concluyó afirmando que:
“Si bien los pagos no representan al 100% del valor ordenado en los fallos, se viene avanzando y cumpliendo con lo que ordenan las sentencias de Justicia y Paz, con el objetivo de cumplir la misión de satisfacer y materializar los derechos de las víctimas que, por años, han esperado que se les reconozca los daños causados por estos grupos paramilitares”.
Cifras del Centro de Memoria Histórica dan cuenta que entre 1975 y 2015 los grupos paramilitares y los Grupos Armados Posdesmovilización (GAPD) fueron responsables del 47,09% de las muertes ocurridas durante el conflicto armado, es decir, un total de 21.044 víctimas.
“Los paramilitares pasaron a ser reguladores de la vida social y económica, e incluso también tenían presencia en la vida política (...) Eso llevó a que la gente, a través de líderes y de la misma sociedad, aceptara la presencia de estos grupos, de ese establecimiento, o ese statu quo si se quiere. Es más, había una especie de sometimiento voluntario y una legitimación de los mismos”. Testimonio del expersonero municipal de Apartadó, Antioquia, en entrevista con el CNMH en 2015.