Néstor Enrique Martínez Brito, funcionario de la Defensoría del Pueblo en La Guajira, fue asesinado en la mañana del 15 de marzo de 2023. El crimen se registró cuando se movilizaba en su motocicleta en el barrio Ranchería, de Riohacha, y fue interceptado por un sicario.
Martínez Brito era contador, tenía una maestría en Conflicto Social y Construcción de Paz, trabajó por 20 años con la Defensoría del Pueblo en torno a la defensa de los derechos humanos y como enlace con las comunidades de la capital de La Guajira.
“Asesinar a un funcionario de la Defensoría del Pueblo es golpear a la comunidad, atentar contra el bienestar de los más vulnerables e irrespetar las reglas básicas de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario (DIH)”, aseguró Carlos Camargo Assis, por medio de un comunicado de prensa.
Las primeras versiones apuntan a que el defensor se desplazaba a la casa de su hija, a quien llevaría al colegio. La Plataforma de Defensores de Derechos Humanos, Activistas y Líderes Sociales de la Sierra Nevada planteó la posibilidad de que el Clan del Golfo esté involucrado en el caso.
Desde la Defensoría del Pueblo se afirmó que Martínez Brito era un “trabajador incansable por los derechos del pueblo guajiro, y su asesinato no solo enluta a la Entidad y a la comunidad, sino que crea una mancha indeleble contra la labor de quienes dedican su tiempo a ayudar a las comunidades”.
Debido a la situación, la Alcaldía de Riohacha y la Gobernación de la Guajira citaron a un consejo de seguridad al que fueron convocados la Policía Nacional, el Ejército y la Fiscalía General de la Nación. El alcalde José Ramiro Bermúdez Cotes espera que se logre el esclarecimiento de los hechos y captura de los responsables, según recogió El Heraldo.
Este mismo medio también narró que se ofrecerá una recompensa de 30 millones para las personas que brinden información que permita dar con los responsables del delito.
“Hoy quiero extender toda mi solidaridad a la esposa y los familiares de Néstor Enrique, así como a sus amigos y las comunidades que lo conocían. Le pedimos a la Fiscalía General de la Nación celeridad en la investigación y que prontamente sean judicializados los responsables de este crimen”, declaró el defensor del Pueblo.
Desde la Procuraduría General de la Nación también se rechazó el crimen, solicitó medidas inmediatas a las autoridades que permitan dar con el paradero de los responsables del crimen, así como garantías para los líderes sociales del país.
Por su parte, el Sindicato de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo (Sindhep) publicó un video en el que se suman a las voces de rechazo y aseguraron:
“Deja no solo a una serie de comunidades, a las cuales acompañaba desamparadas, sino a cuatro hijos sumidos en una profunda tristeza y vulnerabilidad a la familia Martínez Brito. No es un hecho aislado, el año pasado fue objeto de seguimiento y posterior asesinato el defensor público Raul Rosales en las calles de Riohacha. Recientemente, fue amenazada y luego desplazada la compañera que hacía la dupla en labores de mujer y género”.
En el material también se hace manifiesta la preocupación por la seguridad de los trabajadores en el Caribe colombiano, piden la pronta toma de medidas y hacen un llamado al defensor del Pueblo, para se atienda la demanda del sindicato, de establecer una ruta de atención y protección de los defensores.
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