Francisco Barbosa, fiscal General de la Nación insistió sobre sus reparos frente a la ley de sometimiento que fue radicada por el ministro de Justicia, Néstor Osuna ante el Congreso de la República.
El líder de la cartera habló con Mañanas Blu en donde aseguró que ‘’esta ley podría afectar la separación de poderes y la administración de justicia en Colombia’', añadió también que ‘’se hace necesario garantizar que exista seguridad jurídica en Colombia’'.
Barbosa debatió que la ley obligue a la Fiscalía General a entregar información clasificada al Comisionado de Paz y sugirió que el Gobierno nacional ‘’tomó como base el Acuerdo de la Habana y lo trasladó a una ley de sometimiento, lo que hay es un Proceso de Paz disfrazado’'. Mencionó además que se pretendía convertir el principio de oportunidad en un indulto.
Respecto a la información que el organismo del poder judicial debe entregar aseguró que: ‘‘es inaceptable entregar datos sobre indagaciones, procesos penales e investigaciones contra integrantes de la estructura armada organizada del crimen y alto impacto. Y generó un interrogante al aire: ¿De dónde acá creen que la fiscalía hace parte de la rama ejecutiva del poder público?”.
En respuesta a uno de los planteamientos sobre si el Gobierno pretende sacar a los narcotraficantes de los centros penitenciarios aseguró que debe informarse desde ahora para de estar manera enfrentar un debate que incluya distintas versiones en la nación.
Sobre las observaciones, Barbosa anunció que si la ley se aprueba, adelantará una batalla ante la Corte Constitucional y confirmó que no se quedaría inmóvil dejando que el país se desmorone. “Hay una serie de elementos que sí me permiten decir que hay una posible afectación a la separación de poderes, a una afectación a la administración de justicia y que, por supuesto, eso va en contravía de la Constitución. Lo que está ocurriendo es que, si esto llega a pasar en el Congreso, estaríamos a portas del Estado de derecho. No me voy a quedar quieto y dejar que el país se desmorone”, añadió.
Asimismo se refirió a las penas y tratos que se le están dando a los narcotraficantes en la nación teniendo en cuenta como estos estarían afectando la visión del país en el exterior, y citó datos entregados por el Departamento de Estado que afirma que el ‘‘97% de la cocaína que entra a los Estados Unidos proviene de Colombia’'.
Barbosa aseguró que no critica las políticas del presidente Gustavo Petro y del ministro de Justicia Néstor Osuna, sino, que quiere incorporar una ‘mesa de diálogo’ para debatir cada una de las propuestas y de esta manera no generar un sin sabor de decretar leyes sin tomar en cuenta posturas relevantes.
Por otro lado, dio respuesta a las aseveraciones generadas por el senador Cepeda en donde confirmó que desde la Fiscalía lo están ‘mal informando’ porque el principio de oportunidad que se le daría a los integrantes de las estructuras ilegales que trafican no daría cabida a la liberación inmediata, en réplica a estas menciones mencionó: ‘Soy una persona que estudia y hace la tarea todo el tiempo, estos apuntes son analizados por el grupo de trabajo de la Fiscalía y también lo hago yo’...
Referenció el Artículo 16 en donde ‘’se aplica el principio de oportunidad y anuncia que en el marco de la ley se decreta la suspensión y posterior renuncia a la penal en virtud del principio de oportunidad, aplicado a quienes hayan incurrido en los delitos de concierto para delinquir simple o agravado’'. Tambien que ‘’Los jefes o cabecillas de estas estructuras se aplicarán al artículo quinto, donde se excluyen estas dos personas’'. De esta manera según expone el fiscal los líderes de las estructuras serán beneficiados.
Citó el artículo 18 en el que se habla de la libertad condicional, y aseveró que según la norma los narcotraficantes que ya cumplieron una condena de ocho años en centro penitenciario podrían quedar en libertad. Y anunció un debate de gran importancia para la próxima semana en el que se hablará sobre los artículos del Plan Nacional de Desarrollo que fomentan irregularidades en la contratación en el país.
Una de las intervenciones que realizó el fiscal se relacionó a su postura frente al proyecto de humanización de personas privadas de la libertad, ya que según él los dos proyectos en mención se quieren presentar como mensajes de urgencia y para el funcionario público esta es una exageración, porque se hace necesario un debate en torno a las políticas planteadas desde el Gobierno.