Felipe Garzón y Gabriel Fuenmayor son solo dos nombres de las 145 personas LGBTIQ+ que fueron asesinadas entre el 1 de diciembre y el 31 de diciembre de 2022.La cifra se desprende del seguimiento a la situación de derechos humanos de las personas LGBTIQ+ en Colombia, presentada en el documento “No se mata lo que no se olvida: Informe sobre la situación de los derechos humanos de personas LGBTIQ+ en Colombia” realizado por Caribe Afirmativo y presentado el 15 de marzo en Cartagena de Indias. En total, la organización denunció 5.051 casos de violación de derechos humanos en Colombia.
El estudio reveló que de los 145 casos, la mayoría fue contra personas trans, 49 hechos (33,79%), de los cuales 25 fueron hombres y 24 mujeres trans; estos fueron seguidos por los hombres gais, con 47 víctimas (32%); en el caso de las mujeres lesbianas se registraron 14 asesinatos; mientras que en el caso de las personas bisexuales se reportó un total de 14, 10 hombres y 4 mujeres.
Los departamentos con mayor concentración de estos crímenes son Valle del Cauca (25) y Antioquia (24), mientras que en Bogotá, Nariño, Cauca y Magdalena se presentaron ocho casos, en cada uno.
Sin embargo, la cifra más alta son las lesiones personales, pues a lo largo de 2022 se registraron 4.082 denuncias, según los datos de la Fiscalía General de la Nación. Del total, 1.219 fueron contra hombres gais, 935 contra mujeres lesbianas, 613 contra mujeres bisexuales y 468 contra hombres bisexuales, finalmente, 417 contra personas trans.
Frente a la seguridad, se presentaron 3.527 víctimas de amenazas, el 87% de los casos de forma individual, posiblemente motivada por la orientación sexual e identidad de género, un 7% fue contra líderes sociales de la comunidad LGBTIQ+, el 5% restante reportó intimidación con armas.
Frente a la distribución de las amenazas, la mayoría sucedió en la capital, con 909 víctimas, seguido por el Valle del Cauca, 321, y Santander, 303. No obstante, en Antioquia se encuentra el mayor número de amenazas contra defensores de derechos.
En relación con la violencia policial, a lo largo del año se reportaron 102 víctimas, en comparación con los años previos se registró una disminución, pero la organización subrayó que no es significativa. Las principales víctimas, en este indicador, son los hombres gais con el 35% de los casos y las mujeres lesbianas, con 21%.
“De acuerdo con los últimos informes de derechos humanos elaborados por Caribe Afirmativo, se han documentado casos de violencia por parte de miembros de la Policía Nacional en contra de las personas LGBTIQ+, la cual se ha caracterizado por procedimientos irregulares, agresiones físicas y verbales, detenciones arbitrarias, imposición de comparendos, medidas correctivas sin justificación o distintas formas de intimidación a las víctimas” se explicó en el informe.
En relación con los actos de hostigamientos, se reportaron 411 casos, concentrados en el Valle del Cauca con 137, seguido por Antioquia (56) y Cundinamarca (54). Mientras que los casos de discriminación ascendió a 1.314 denuncias, de los cuales 625 ocurrieron en Bogotá, 173 en Antioquia, 144 en el Valle del Cauca y 62 en Santander.
Frente a esta categoría, Caribe Afirmativo advirtió que la discriminación y el hostigamiento responde a dinámicas internacionales, el conjunto de identidades que recaen en una persona, por lo que no solo responden a prejuicios contra la identidad de género u orientación sexo-afectiva, sino también a racismo, xenofobia, aporofobia, etc.
El informe explicó que las amenazas buscan intimidar, excluir o restringir el goce o disfrute pleno de derechos de las personas LGBTIQ+, una situación calificada como grave, ya que se ve un incremento en el caso de quienes lideran procesos sociales.
Al final, el documento presenta 11 recomendaciones al Estado colombiano, entre las que resalta la necesidad de aumentar la formulación e implementación de políticas públicas en los territorios, fortalecer los sistemas y mecanismos recopilación de información sobre las personas LGBTIQ+ en el país y el fortalecimiento del enfoque de género en las instituciones judiciales y fiscales encargadas de realizar el seguimiento de los casos.
A continuación, puede consultar la totalidad del informe: