Lo que le ofrece a los delincuentes el proyecto de sujeción para bandas criminales que se presentó al Congreso

Con mensaje de urgencia fue radicado el proyecto de ley de sujeción a la justicia, con el que se espera crear el marco jurídico para que las bandas criminales purguen sus delitos con unas penas especiales. Esta es la ley que hacía falta para la política de la Paz Total del Gobierno nacional.

Néstor Osuna, ministro de Justicia calificó como una “oferta generosa” el proyecto, que fue construido con la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, organizaciones civiles, congresistas y en el que participó también el exfiscal Jorge Perdomo.

“Este proyecto de ley contiene una oferta generosa por parte del Estado colombiano a esas estructuras criminales de alto impacto para que, si se entregan, confiesan sus delitos, entregan sus bienes, entregan la información sobre sus patrones criminales y reparan a las víctimas, el Estado colombiano les otorgue un tratamiento penal más benigno que el ordinario. Todo con la finalidad de que podamos vivir finalmente en una paz completa”, señaló Osuna durante la radicación.

El ministro señaló que los procesos de extradición no se incluyeron en la ley porque continúa su tratamiento ordinario. Es decir que es el presidente el que decide conceder o negar las solicitudes de extradiciones, que son aprobadas por el poder judicial.

El ministro agregó que la gran mayoría de todas esas observaciones formuladas por el fiscal Francisco Barbosa se incluyeron en el proyecto de ley. “A diferencia del texto original, este proyecto contiene un robusto capítulo de protección de derechos de las víctimas, amplia los términos de la investigación judicial, le asigna las investigaciones a la Fiscalía, establece un tope para el estímulo que pueden recibir las personas que entreguen sus bienes”, señaló.

La ley contempla penas efectivas de prisión de seis a ocho años, según el grado de responsabilidad, más cuatro restaurativa que se realizarán en libertad, en la que entrarán las condenas que tengan previamente a la entrada en vigencia de la norma.

A cambio, quienes se sometan deben cesar las actividades criminales, reconocer los delitos cometidos e imputados, cesar las actividades criminales, entregar todas las armas, personas secuestradas y menores reclutados, así como información que permita identificar rutas, modos de operación de la estructura, organización y contribución a la verdad para las víctimas.

Los criminales podrán conservar una parte de los bienes entregados a la justicia. Antes de la imputación, podrán identificar los bienes de manera anticipada, lo que hará al procesado “acreedor al beneficio de hasta el seis (6%) del valor de los bienes que efectivamente sean entregados y que sean monetizables o tengan en sí mismos capacidad para la restauración de las victimas, sin exceder los diez mil salarios mínimos mensuales legales vigentes (10.000) SMLMV”, dice la norma.

Este proyecto está dirigido a aquellas organizaciones que no tienen reconocimiento político, es decir que están dedicadas a las economías ilícitas. Por tanto, no hay una negociación, sino que tienen solo la oportunidad de manifestar su intención de ser cobijados por la ley.

“Ahí hay una sujeción, no una negociación de paz. Estamos frente a organizaciones, estructuras, que se mueven en la economía ilegal, por eso no hay diálogo ni negociación. Aquí nos han señalado mucho de que el Gobierno está abriendo diálogos con el narcotráfico, no hay ningún tipo de diálogo ni ningún tipo de prebenda al narcotráfico”, señaló el ministro del Interior, Alfonso Prada.

Inicialmente se realiza un proceso de diálogo o acercamiento, que ya se ha tenido con diversas organizaciones por parte de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. Luego se pasa a un procedimiento de carácter penal que será liderado por la Fiscalía para establecer la investigación e imputación colectiva de los miembros de la organización criminal. Tendrán un tiempo definido de dos años que será la vigencia de la norma para manifestar su voluntad.

“Es un proyecto que acaba con todo tipo de especulaciones y negociaciones clandestinas que nunca fueron autorizadas y que pretendían negociar las leyes en las calles. Las leyes se hacen en el Congreso”, señaló el senador Roy Barreras. “Esta ley es lo que hay, es lo que habrá, es lo que el Estado, Gobierno, Congreso, Justicia, Fiscalía le ofrecen a las organizaciones criminales para desmantelarse. Pueden acogerse a ella, ojalá lo hagan, si no el Estado tiene que someterlas por el uso legítimo de la fuerza”, aseguró.

Tanto el presidente del Senado como de la Cámara de Representantes, David Racero, se mostraron de acuerdo con el mensaje de urgencia del Gobierno nacional, que permite que se agilice el trámite para su aprobación. Señalaron que esto es necesario para reducir el límite de incertidumbre hacia las organizaciones y que sea pronta la reducción de la violencia.

“Es una ley que efectivamente no brinda ninguna clase de impunidad a través de las penas reguladas y que se ofrecen. Al mismo tiempo deja un margen para que estos grupos se puedan someter a la justicia”, señaló el senador Iván Cepeda.