Denuncia de tráfico de armas en el Ejército: sectores políticos pidieron ‘medidas urgentes’

Gracias a interceptaciones telefónicas el 25 de enero del 2023 se dio a conocer una presunta red de tráfico de armas en el Ejército Nacional, marco que habría dado cabida a la conformación de grupos civiles armados durante el paro nacional del 2021 en la capital del Valle, por ello desde el Congreso de la República se mostró preocupación y solicitaron a las autoridades dar claridad a lo sucedido.

Una de las primeras menciones relacionadas al caso fue la hecha por la representante a la Cámara por Cali del Pacto Histórico, Alejandro Ocampo: “Venimos denunciando la creación de grupos para-militares en Cali para atentar contra personas en el estallido social. Civiles que dispararon contra la gente como Andrés Escobar y los policías que los ayudaron andan libres. Es hora de conocer la verdad”.

El congresista por el Partido de los Comunes Luis Alberto Albán señaló que mientras ellos sesionan la comisión de verificación a los capturados por la protesta social, sale a la luz esta información, y se hace necesario tomar medidas frente al tema. Igualmente la representante María Fernanda Carrascal, del Pacto Histórico, comentó. “Pero si todo lo hicieron apegados a la Ley, ¿no, Diego Molano?”, fue su pronunciamiento en Twitter.

También desde el Gobierno del presidente Petro se generaron reacciones, en esta ocasión encabezadas por el secretario de Transparencia de la Presidencia, Andrés Idárraga, quien aseguró que este caso es muestra de que “la corrupción solo conlleva la violación de los derechos humanos”.

Por medio de unas interceptaciones telefónicas que Caracol Radio reveló se dio a conocer la existencia de una presunta red de tráfico de armas que involucraría al Ejército y a Eduardo Molina Berrío y Eduardo Molina Obando (padre e hijo), que fueron capturados el pasado 25 de enero. Uno de los fines de la red sería, presuntamente, disparar contra los manifestantes del Paro Nacional 2021.

Los interceptados Eduardo Molina Berrío, un ingeniero industrial de 57 años que estuvo relacionado por homicidio en el 2015 y su hijo Eduardo Molina Obando de 25 años, quien sería el socio del sargento retirado Johnny Moreno, el supuesto principal comprador de municiones y granadas robadas a la Tercera Brigada del Ejército Nacional en Cali.

Las llamadas son parte fundamental del expediente penal en el cual la Fiscalía General investiga una red de tráfico de armas al servicio de las disidencias las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en el departamento de Nariño.

En los documentos que se conocieron por el medio referenciado, se asegura que Molina (padre e hijo) y cinco integrantes militares más, entre activos y retirados, capturados en la capital del país, Cali y Florencia en enero de 2023, harían parte de esta organización.

Se reflexiona que los Molina estarían organizando la logística para usar armas y atacar a los manifestantes. Inclusive, sosteniendo un diálogo con un supuesto funcionario de la entidad a quien le pidió que “no se metan en las actividades de ‘limpieza’ que pretenden hacer esos grupos en Cali, ante las manifestaciones sociales”, según informó el medio.

Cabe mencionar que se cumplía un mes del paro, el 28 de mayo, cuando Eduardo Molina Berrio se comunicó con Soto, un presunto integrante de la Policía, a quien le reclamó por su actividad en el Paro Nacional y le confiesa que disparó contra los manifestantes. Asimismo, que Molina Berrio habló con varias personas durante ese mismo mes para la organización de grupos de autodefensa en Cali.

Dentro de las interceptaciones se habló de ‘comida’, que sería la manera de referirse a las municiones y armas, además entre las comunicaciones entre padre e hijo mencionaban los costos que podrían ser usados para la compra de municiones que tendrían como destino atacar a las personas que protestaban en Cali.

Tanto la Justicia Penal Militar como la Procuraduría General ya iniciaron indagaciones contra siete uniformados por el presunto delito de prevaricato por omisión (posible incumplimiento de sus funciones y su presunta participación al permitirles a civiles disparar contra personas que protestaban en el paro).

Igualmente, a mediados del 2022 la Fiscalía General dejó en firme la imputación de cinco civiles y doce integrantes de la Policía que estarían relacionados en varias actuaciones ilegales contra un grupo manifestantes, el 28 de mayo de 2021, en el sector de Ciudad Jardín, en Cali. Entre estos Andrés Escobar, el cual quedó registrado en videos atacando con un arma a manifestantes durante el Paro 2021.