Como respuesta a la denuncia que prepara el Ministerio de Transporte ante la Fiscalía General de la Nación en contra de Viva Air por presunta estafa, la aerolínea de bajo costo alegaría a las autoridades colombianas que la suspensión de sus operaciones, ocurrida el pasado 27 de febrero, fue temporal y no definitiva.
Esta sería una de las alternativas más viables para afrontar ese proceso judicial que tendría la empresa, según le comentó Diego Márquez Arango, director de MQA Abogados, al diario La República. Esto implicaría que la aerolínea debiera mantenerse en el mercado incluso en el caso de aprobarse su integración con Avianca.
“Si es temporal, es porque la sociedad quiere mantenerse ejecutando su objeto social. Si se aprueba la integración, pues lo que pasará es que Avianca querrá mantener a Viva en el mercado”, le dijo el jurista al medio mencionado.
De todas formas, Felipe Cuberos, apoderado de la compañía, sostuvo en una reunión con acreedores que tuvo lugar el martes 14 de marzo que el cierre de operaciones es temporal y que además en el Proceso de Recuperación Empresarial (PRE) se permitirá la entrada de más acreedores.
Cabe recordar que los pasivos de Viva Air, certificados por la revisora fiscal Kpmg, ascienden a $4,07 billones de pesos. No obstante, según informó el diario La República, la compañía solo habría incorporado a su proceso de recuperación a 20 acreedores para un total de $738.200 millones, es decir, el 18,1% de su deuda total, dejando afuera $3,3 billones de pesos.
Entre tanto, el ministro Guillermo Reyes señaló a CM& que están recopilando todas las pruebas e información que tienen acerca de la posible estafa de la aerolínea ‘low cost’ para, desde esa cartera del Gobierno nacional, presentar formalmente la denuncia ante las autoridades competentes.
“Nosotros estamos verificando la posibilidad de que se haya incurrido, por parte de Viva (Air), en un posible tipo penal de estafa cercano a los 200 mil millones. Estamos verificando los temas, y esta semana le anunciaríamos al país decisiones muy duras frente a este tema”, sostuvo el funcionario.
La denuncia, según dijo Reyes, se haría para garantizar los derechos de los trabajadores que quedaron a la deriva tras las decisiones administrativas de la aerolínea. Además, por presuntas violaciones al ordenamiento jurídico.
“Aquí no solo se respeta a la persona, se respeta la ley y la constitución y las reglas que rigen el transporte aéreo”, señaló Reyes al noticiero del Canal Uno. Señaló que entre las diferentes quejas y denuncias que han recibido, se tiene información de las agencias de viaje que reportaron deudas que suman 30 mil millones de pesos por tiquetes vendidos por Viva Air, pero no han recibido ninguna respuesta para subsanar esa deuda.
Esta semana, según dijo el jefe de la cartera de Transporte, también se conocerá la decisión de la Aeronáutica Civil respecto a la integración entre Avianca y Viva Air, que se ha demorado y a la que la aerolínea atribuye su debacle. Así mismo, se cumple el plazo para que formule los planes de normalización que exigió la Superintendencia de Transporte tras tomar la medida de control sobre la compañía, de no haber respuesta se nombrarían agentes para liderar el proceso.
La aerolínea low cost viene arrastrando una crisis económica desde la pandemia, y a pesar de haberse recuperado durante 2021, factores como el alza del dólar y la guerra en Ucrania, que encareció el precio del combustible, agravaron sus problemas económicos. Por eso, había apuntado a su fusión con Avianca para no desaparecer.
No obstante, la Aeronáutica Civil no permitió esta medida, aduciendo una vulneración a la libre competencia, puesto que entre ambas acapararían el 60% del mercado, y aseguró que la aerolínea pudo haber buscado otras soluciones, como préstamos o búsqueda de inversión para garantizar la continuidad de su operación.
A pesar de ello, tanto Avianca como Viva han señalado que la crisis de la aerolínea low cost no se ha podido resolver porque la Aeronáutica no ha permitido la fusión.