Quiénes no paguen la manutención de sus hijos no irán a la cárcel: esta es la alternativa que propone el Ministerio de Justicia

El 13 de marzo de 2023, mediante un comunicado emitido por el Gobierno nacional, se conoció un proceso en el que se usaría el certificado alimentario como estrategia “más eficaz que una pena de prisión para los padres que incumplan sus obligaciones con sus hijos” de la mano del Ministerio de Justicia.

Así lo dio a conocer el ministro Néstor Osuna durante el conversatorio “Humanización de la Política Criminal”, evento que es organizado por la Universidad de los Andes en la ciudad de Bogotá. El certificado se encuentra soportado en la Ley 2097 del 2021, en la cual se dio paso a la creación del Registro de Deudores Alimentarios Morosos - Redam.

En este sentido, el debate se desarrolló en torno a la iniciativa del Gobierno en la que se propone despenalizar el delito de inasistencia alimentaria. Esta sería una alternativa que buscaría descongestionar los centros penitenciarios en el país.

En relación con esto, el ministro Néstor Osuna señaló que:

“Nosotros estamos proponiendo que se elimine ese delito (inasistencia alimentaria) porque hay una nueva ley, la 2097, que establece una estrategia novedosa, coactiva, dura para el cobro de las obligaciones alimentarias, que parece ser mucho más eficaz que la vía penal”.

De acuerdo con su pronunciamiento, la vía ya fue revisada por la Corte Constitucional, quien además creó el Registro de Deudores de alimentos que, según su criterio, podría tener efectos mucho más severos para resolver el problema que los centrales de riesgo.

Es así que, según el ministro, cuando una persona sea incluida dentro del Registro de Deudores Morosos de Alimentos, no estará en calidad de realizar negocios inmobiliarios, tampoco podrá ser funcionario público ni contratista, no podrá salir del país o adelantar trámites migratorios e incluso no podrá tramitar créditos con entidades bancarias.

“Estamos convencidos de que esta forma es mucho más eficaz que la vía penal para lograr el logro del pago de la obligación con los hijos”, declaró el ministro.

Además, añadió que en la actualidad se adelantan cerca de 182.000 procesos activos en la Fiscalía General de la Nación sobre temas de inasistencia alimentaria. Según el ministro, 8.000 casos están en juicio y serían cerca de 500 personas las que ya están privadas de su libertad por este delito.

El ministro finalizó diciendo que: “La seguridad ciudadana y humana se logra a partir de empleo, políticas de inclusión, políticas para la juventud. No tanto desde el sistema penal y penitenciario”.

Organizaciones de mujeres se han pronunciado en relación con esta iniciativa diciendo que si bien están a favor de humanizar las cárceles del país, consideran que la propuesta va en contra de una medida que ha servido como prevención para que los padres irresponsables no incumplan con la cuota alimentaria que les corresponde.

Este pronunciamiento se produjo en un encuentro de las mujeres con el Ministerio, según contó Linda Cabrera, directora de la organización Sisma Mujer:

“El Ministerio termina proponiendo despenalizar una conducta que hoy es el único mecanismo que apoya para que los agresores no se sustraigan de su obligación de alimentos, sin el cual no se podría proteger mínimamente a las mujeres víctimas de este delito”, señaló la directora.

Añadió que el delito de inasistencia alimentaria es un proceso necesario en el que, además, la mayor parte de los casos los victimarios son hombres, mientras que las mujeres hacen el reclamo de alimentos no a su nombre, sino directamente a nombre de sus hijos. Además, defendió que la inasistencia alimentaria es una forma de violencia hacia las mujeres, por lo que despenalizarla podría aumentar “los niveles de sobrecarga que ya de por sí tenemos e incrementa las estructuras desiguales en nuestra contra”.