Nuevo escándalo de corrupción en el Ministerio del Deporte: viceministro es señalado de pedirle dinero a mandatarios locales para aprobar infraestructura

De acuerdo con algunas acusaciones, habría pedido coimas a mandatarios locales, en el caso de que adelantará obras en sus municipios

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Camilo Iguarán Campo, viceministro acusado de presuntos escándalos de corrupción
Camilo Iguarán Campo, viceministro acusado de presuntos escándalos de corrupción

Desde la salida de María Isabel Urrutia del Ministerio del Deporte se han comenzado a conocer varias denuncias por firma de contratos y mal manejo de los recursos de la cartera. Dentro de las últimas se dio a conocer que Camilo Iguarán Campo, actual viceministro, está siendo señalado de tener conductas irregulares y que incluso ha pedido dineros a algunos mandatarios locales, asegurando que si recibe lo que exige se priorizarán las zonas para desarrollar infraestructura deportiva.

De acuerdo con la W Radio, que conoció de primera mano las acusaciones que se le hacen al funcionario, algunas personas aseguran que presuntamente habría solicitado coimas a los alcaldes de La Guajira para poder desarrollar proyectos de infraestructura deportiva en sus municipios. Incluso, una fuente anónima le dijo al medio colombiano que: “Mensajes a través de intermediarios, poniéndoles condiciones adicionales para ejecutar las obras, cuando los proyectos ya tienen visto bueno y hasta recursos aprobados”.

Pero la situación va mucho más allá, pues hablan de las coimas que se encuentra presuntamente exigiendo el político, serían entre el 5 y el 7% de cada proyecto, que podrían estar entre los $2.563 millones, $9.179 millones, y los $14.508 millones, lo anterior sería por mejoras de canchas, construcción de estadios, adecuaciones y demás. Sumado a que la situación se vería presentando desde septiembre del 2023, es decir, un mes después de haber recibido el cargo.

Recordemos que con la salida de Urrutía estalló un escándalo significativo por contratos que habría firmado la exdeportista antes de salir definitivamente de la cartera. Esto lo dio a conocer el abogado Daniel Briceño, que presentó una inquietante información sobre contratos que la exdeportista habría firmado en la madrugada del 1 de marzo.

En la información se evidencia que de la fecha de salida de María Isabel Urrutia hasta el 4 de marzo se oficializaron 264 contratos por $23.920.982.500 por contratación directa, al parecer las firmas se habrían dado aprovechando que no se habría posesionado la ministra encargada Astrid Viviana Rodríguez.

Por su parte, la exfuncionaria señaló sobre los contratos que estos se firmaron en tiempo récord, debido a que los recursos se los habían habilitado el 15 de febrero y que con ello lo que hizo fue depurar la nómina del Ministerio, puesto que antes había más de 2.500 contratos. “Pero yo ya venía haciendo los estudios de esas prestaciones de servicio. No estaba haciendo nada irregular”, dijo en una entrevista para Blu Radio.

Sumado a que justificó que existían sindicatos al interior del ministerio que se quejaban de las condiciones laborales y la carga labora que tenían, por lo que prefirió extender contratos, pese a que no estaban próximos a vencer y que todo se firmó durante la fecha de funcionamiento, pues pese a que su carta se pasó el 2 de marzo tenía fecha de finalización de labores el 13 de marzo.

Por su parte, Andrés Idarraga, secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, ha mencionado que lo ocurrido con las firmas de Urrutía tendrían una consecuencia penal, ya que, “pareciera que no contaron bien los meses del año porque están haciendo contratos para las mismas personas, por los mismos objetos, dos contratos distintos, pero por 14 meses en la práctica”.

Además, explicó que la cartera de Deporte “desperdició dos meses de presupuesto, duplicando los objetos contractuales sobre la misma cantidad de contratistas” y agregó que: “Eso podría tener a la luz de la norma un posible interés ilícito en la celebración de contratos y también podría originar una responsabilidad penal para quien ordenó el gasto y para todos los que participaron en la celebración del contrato”.

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