La Reforma penal y de humanización fueron debatidas por la Academia: conclusiones de la jornada

Expertos de la Universidad de los Andes adelantaron el encuentro académico de debate sobre el proyecto de justicia penal, se mencionaron temas como las medidas excarcelarias, las críticas al Gobierno por la seguridad de los colombianos, la reducción de penas, los beneficios y desventajas de la despenalización de delitos como el incesto, la lujuria y calumnia, entre otros más.

El experto penalista de la Uniandes, Manuel Iturrade, afirmó que “es muy importante realizar este tipo de conversaciones porque desde ellos se hace un balance para escuchar y conocer a fondo lo que está planteando el Ministerio de Justicia”. Aseguró que apoya que la política busque mejorar de fondo el sistema carcelario y penitenciario de la nación, disminuir el nivel de reincidencia y la comisión de delitos, y mencionó que es necesario conocer los resultados que se viene y los planes de implementación de la política.

“Este tipo de proyectos tendrán que contar con muchos recursos económicos y tiene que redirigir los recursos con los que ya cuenta el sistema penal y penitenciario, pero nos gustaría que nos explicarán cómo lo van a hacer para que los resultados sean efectivos y cómo se va a generar la tranquilidad de que esos resultados sí se pueden alcanzar o cuál va a ser el alcance de este Gobierno”.

El ministro de Justicia, Néstor Osuna, rectificó que el proyecto tiene como finalidad incidir primordialmente en mejorar las condiciones en las que viven los privados de la libertad, promover nuevas prácticas que permitan realmente una resocialización y evitar que se aumente la reincidencia de delitos en esta población.

Durante el debate también se abordó el tema por parte de la docente María Camila Correa, sobre la preocupación de despenalizar la inasistencia alimentaria, ya que “trabajado con diferentes madres cabeza de hogar y desde ellas puedo dar fe que la opción de que la justicia castigue a los padres que no responden por sus hijos es una de las alternativas más eficaces para generar este compromiso”.

Los oponentes también expresaron la importancia que tiene que desde la cartera del Ministerio de Justicia se detalle el proyecto a la ciudadanía a pie, para evitar confusiones y que se entienda el objetivo primordial del mismo. Osuna concluyó que el costo que generan los privados de la libertad actualmente alcanza los 2.3 billones de pesos, y reiteró que este presupuesto puede utilizarse en otras condiciones y para otro tipo de acciones en favor de la nación.

Los proyectos de ley orientados a humanizar la política criminal y penitenciaria fueron también discutidos el 7 de marzo en el conversatorio organizado por el Programa de Derecho y el Semillero de Investigación de Derecho penal y Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Sociales de Utadeo. Durante este escenario cada uno de los panelistas dio a conocer sus argumentos tanto a favor como en contra de las iniciativas.

Según Carlos Sánchez Gaitán, rector de Utadeo este no es un debate que solo interese a los abogados porque en realidad ‘’propone un gran debate cultural y social mucho más amplio’', ya que la iniciativa va en contrariedad con el sistema judicial que conocemos actualmente.

Néstor Iván Osuna, ministro de Justicia se pronunció durante la jornada y lo que se pretende en sí es disminuir la criminalidad en la nación, incorporar una justicia centrada en la resocialización de las personas privadas de la libertad y brindar pautas para la adecuada reparación de las víctimas. Asimismo, el funcionario público aseguró “que es necesario llevar la educación a las cárceles, que un individuo que no sepa leer ni escribir, salga de allá haciéndolo y además aprendiendo un oficio que hará que no reincida, lo que en un alto porcentaje ocurre en este momento”.

El represente a la Cámara Juan Sebastián Correa indicó que hay temas comunes entre los dos proyectos y generó un llamado para que los proyectos se tramiten en el Congreso de la República a la luz del poder legislativo y no por medio de facultades extraordinarias del ejecutivo.

Diana Britto Ruíz, exdirectora de conocimiento de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, también hizo parte de la jornada y mencionó que “esta es la primera vez que siente que se puede realmente hacer un modelo complementario entre la justicia puramente punitiva y la restaurativa”. Aseguró que es histórico que se entienda que un delito es un asunto humano.

El presidente de la Comisión Asesora de Política Criminal, Rodrigo Uprimny, dijo que los dos proyectos deben debatirse tomando en cuenta cinco tesis base; la primera de estas que Colombia debe enfrentar el tema de la política criminal como dos crisis, la siguiente es que se debe repensar la política criminal, la tercera es que hay que ponerle tranquilidad y cultura democrática al debate público.

La cuarta tesis se asocia al interrogante de ¿hacia dónde avanzamos?, y la última de las tesis mencionadas es que los proyectos deben estar bien orientadas porque esto podría repercutir en la ciudadanía y en la solución de crisis carcelaria que se ha evidenciado durante los últimos años.

Johanna Bahamón, presidenta de la Fundación Acción Interna, habló desde la experiencia y planteó el debate en torno al trabajo que se genera en las cárceles para resocializar a las personas, tomando como base aspectos que van desde el apoyo psicosocial, jurídico, el arte y la cultura, todos estos enfocados a una actividad productiva.