La Fiscalía abrió investigación a funcionarios del centro de innovación de la Alcaldía de Medellín por exigir coimas para asegurar contratos

La Fiscalía General de la Nación abrió investigación por presuntos hechos de corrupción contra funcionarios de la Ruta N, entidad que impulsa emprendimientos y tecnología en la capital de Antioquia. Gracias a la entrega de 77 elementos probatorios que compartieron las periodistas Violeta Mejía y Ana María Londoño, el organismo del poder judicial aperturó una investigación judicial.

Entre las denuncias generadas contra Ruta N se encuentran incumplimientos en el pago y la exigencia de coimas del 10% para asegurar contratos, entre otros hechos. Esta indagación está a cargo de la dirección seccional de la Fiscalía en Medellín.

En noviembre del 2021, la entidad adelantó una convocatoria de la cual fueron ganadores los emprendimientos Carguer, Mobius y Mare, en cabeza de tres jóvenes antioqueños. Para ejecutar la convocatoria, contrataron a la Fundación Ibser, en cabeza de Juan Durán, la cual estuvo encargada de diseñar las etapas de preincubación, incubación y apoyo a los emprendedores de Centros de Valle del Software.

A los ganadores de la convocatoria, se les prometió un viaje con destino al exterior y un beneficio económico de cincuenta millones de pesos. Lo primero se cumplió, pero dos años después del anuncio, estos jóvenes no han recibido los fondos que iban a ser utilizados para impulsar sus proyectos. “Perdimos tiempo en el proceso, la confianza en las instituciones (...) 150 millones se perdieron para los emprendedores”, denunció John Corzo, ganador del premio, en entrevista con W Radio.

En torno a esto, desde Ruta N se sustentó que contrataron a la Fundación Ibser para diseñar las etapas de preincubación, incubación y apoyo a los emprendedores de Centros de Valle del Software. La entidad aseguró que una de las obligaciones de la fundación era adelantar el informe de selección y entregar los recursos. Presuntamente, este contratista no habría cumplido con sus obligaciones, imposibilitando el pago a los emprendedores.

El fundador de la Fundación Ibser, Juan Durán, explicó ante el medio citado que “Ruta N no hace nada práctico ni tangible (...) son un intermediario de dinero entre la Alcaldía y los operadores privados que son quienes tienen la experiencia y capacidad para hacer las cosas. Ellos venden sus ofertas como si ellos las hicieran, invisibilizando al operador”.

Juan Durán señaló que para ganarse la convocatoria deben cumplir con requisitos de tipo legal y extralegales, entre ellos el pago de coimas de hasta 10% ”a directivos de la Alcaldía y de Ruta N”. “Si uno no cumplió con la coima del 10% estas exigencias hacen imposible el cumplimiento del contrato y dar a los beneficiarios bienes y servicios mucho más baratos y de menor calidad presentados en la propuesta con el objetivo de que el contratista tenga los fondos suficientes para pagar la coima”, dijo en W Radio.

Añadió: “Nosotros cometimos el atrevimiento de no aceptar la coima del 10% -de un contrato de casi 3 mil millones de pesos- por lo cual la entidad no nos pagó a nosotros el contrato. Es decir, nos pagaron solamente el 30% del contrato para ver si nosotros pagamos la coima y, por ende, el dinero de los emprendedores no lo tenemos”.

Concluyó su intervención asegurando que altos directivos de Ruta N, entre ellos el director Iván Castaño, están enterados de la situación. “No solamente está enterado, sino que le subió el sueldo a las personas de Ruta N que estaban encargados de obstaculizar los contratos”.

El 3 de marzo se registró un caso de hurto en una entidad bancaria alrededores de Ruta N, en el barrio Sevillana de Medellín, el hecho generó un cruce de disparos por parte de los delincuentes y las autoridades en la ciudad.

El coronel Nixon Alexis Bolívar, comandante del Distrito 1 de la Policía Metropolitana de Medellín, relató en El Colombiano: “Llegan varios sujetos en motocicleta con la idea de robar, pero la pronta reacción de nuestras unidades, donde una llega a hacer el cierre al banco y la otra hace la interceptación de los sujetos que pretenden huir”.

Como resultado una persona resultó capturada según se confirmó, otras dos personas resultaron lesionadas en sus extremidades producto de las balas perdidas en el tiroteo. También se registró una tercera persona herida, que es un habitante de calle el cual fue arrollado por una patrulla de la Policía mientras hacía seguimiento a los delincuentes.

En respuesta a las denuncias contra la Corporación Grupo N la entidad entregó un comunicadoen el que señaló que la convocatoria se suscribió de la mano del contrato de prestación de servicios No. 202100207 con International Bureau of Social and Economic Research (IBSER) donde se determina que “…el contratista, se compromete con Ruta N a diseñar y ejecutar las actividades de las etapas de preincubación, incubación y apoyo a la formalización del componente acompañamiento a emprendedores de Centros de Valle del Software”.

Adicional a ello se refirió que el valor del contrato fue de $1.120′000.000, dinero que Ruta N acordó cancelar en cuatro pagos independientes en modalidad de ejecución de una bolsa de horas, estimada con un valor fijo mensual.

Según la entidad pública para octubre del 2021 se autorizó el primer desembolso en el contrato que tuvo un monto de $336.000.000, de este dinero se dedujo un monto de $50.000.000 por temas de IVA, y los $286.000.000 restantes debían ejecutarse en actividades relacionadas al objeto del contrato.

Cabe mencionar que la Corporación debía recibir una ruta de trabajo detallado por parte del contratista, también este estaba al frente de un informe de selección y de ejecución técnica y financiera que se otorgaría a los tres emprendimientos seleccionados. Se menciona que esta documentación no se entregó y por ello los recursos no se desembolsaron.

El 16 de febrero del 2022 la entidad habría citado a los representantes de la Fundación IBSER para hablar sobre los incumplimientos contractuales y según se refiere en el escrito estos no asistieron pese al envío de la citación a los correos registrados en Cámara de Comercio.