La situación de orden público por cuenta del paro minero en Tarazá, subregión del Bajo Cauca (Antioquia), no mejora. En las últimas horas del domingo, 12 de marzo, encapuchados del Clan del Gofo prendieron fuego al peaje ubicado a la entrada del municipio y, minutos después, rompieron un tubo de agua potable que abastece a al menos 48 mil personas.
Así lo habría dado a conocer el presidente Gustavo Petro, a través de su canal habitual de comunicaciones, Twitter: “Han dejado sin agua potable a Tarazá, al romper los tubos. El Clan del Golfo contra el pueblo humilde”.
Desde que inició el paro minero, el jueves 2 de marzo, a causa de la destrucción de cinco dragas utilizadas en actividades de minería ilegal, actores con intereses desconocido han estado realizando operativos de destrucción, retenido a trabajadores de empresas mineras legalmente constituidas, restringido el paso de ambulancias y camiones de carga y bloqueado algunas vías con gigantescos árboles talados.
Sin embargo, las recientes acciones del Clan del Golfo han terminado por generar una ruptura en el cese bilateral al fuego, pactado entre dicha organización y el Gobierno Nacional, antes de que finalizara el 2022. Mismo que iría entre el 1 de enero y el 30 de junio del 2023.
“Afectar el agua potable de una ciudad –reprochó el mandatario– es poner en riesgo la vida de niños y niñas, de todo ser humano. El clan del golfo con su hostilidad contra la población ha roto el cese al fuego”.
El peaje era custodiado por personal del Ejército Nacional que se habría quedado esperando a la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (antiguo ESMAD); sin embargo, al no presentarse en la zona, se vieron obligadas a enviar más hombres del Ejército y la Policía, desde el batallón de Infantería.
“A esta hora (pasadas las 10:00 de la noche) un grupo especial de la Fuerza de Tarea Alquiles del Ejército Nacional y la policía se desplazó desde el Batallón de Infantería Aerotransportado No. 31 Rifles, hasta el peaje de Tarazá, Antioquia, para atender la situación de orden público”, anunció el Ejército.
Tanto ellos, como el presidente y el gobernador de Antioquía, Aníbal Gaviria, insisten en que el Clan del Golfo es responsable por los hechos de violencia registrados en el Bajo Cauca durante lo que va del paro; es decir, la creciente amenaza por desabastecimiento, cientos de camiones retenidos, médicos que no han podido desplazarse a su lugar de trabajo y dos víctimas mortales.
La primera de ellas, un hombre identificado como Fabián Pérez Henao, quien, en la vía que conduce del municipio de Cáceres a Tarazá, chocó de frente con el tronco de un gigantesco árbol que había sido talado sobre la vía, para evitar el paso. Según el reporte de las autoridades, por la velocidad a la que se desplazaba y debido a la baja visibilidad en la carretera, se percató de la obstrucción cuando ya estaba a unos pocos metros de ella, por lo que, no alcanzó a esquivarla ni a frenar.
Y la segunda, otro hombre, esta vez en el municipio de Cáceres, quien habría recibido varios impactos de bala, durante la noche del 10 de marzo, cuando, a pesar del toque de queda, varios hombres armados intentaron quemar la estación de Policía del corregimiento Jardín de Tamaná.
La víctima, aún sin identificar, habría resultado herida en medio del cruce al fuego y, aunque fue atendida en el centro hospitalario local, no lograron trasladarla a Montería o Medellín para recibir cirugía vascular e ingresar a la Unidad de Cuidados Intensivos, por lo que terminó falleciendo debido a la gravedad de sus heridas.