La vicepresidenta Francia Márquez fue blanco de críticas de la oposición debido a los presuntos sobrecostos que giran entorno a su manutención, como la presunta casa adquirida en un exclusivo sector de Yumbo, la cual indicó que es arrendada, o el helicóptero usado para transportarse, el cual confirmó que usa debido a temas de seguridad.
Pese a las explicaciones brindadas por la vicepresidenta desde varios sectores, especialmente de oposición, la cuestionaron por considerar un lujo que se movilice con frecuencia en un helicóptero hasta su residencia en Dapa, Yumbo. Al respecto nuevamente respondió las criticas Márquez, pero en esta ocasión siendo más fuerte en sus argumentos.
“Perdónenme los colombianos por decirlo así, pero de malas. Soy la vicepresidenta de este país y mientras lo sea, el Estado tiene la responsabilidad de brindarme todas las garantías de seguridad necesarias para yo cumplir con mi tarea como vicepresidenta”, indicó a la revista Semana la vicepresidenta.
Francia Márquez ha dedicado gran parte de su vida al activismo social y ambiental, por lo cual ha recibido varias amenazas, situación que se incrementó desde que llegó al poder junto a Gustavo Petro, por lo cuál decidió tomar medidas para protegerse, especialmente luego de un atentado frustrado que le quisieron hacer con explosivos.
“Después de haber vivido un atentado frustrado en la vía que conduce a mi casa, donde me ponen 8 kilos de explosivos, pues no me voy a dar el lujo de facilitarles las condiciones para que me maten más rápido. No voy a hacer eso. Y pueden llorar, pueden gritar, pueden hacer todo lo que quieran. Me pueden ir a demandar, si quieren, y que sea un juez que defina si estoy haciendo algo ilegal o estoy haciendo lo correcto”, comentó la vicepresidenta al medio de comunicación.
Márquez indicó que su esquema de seguridad es mucho menos costoso al del expresidente Álvaro Uribe Vélez, enfatizando que no señala que se lo cancelen, sino por el contrario que no deben haber exclusiones a la hora de proteger a los funcionarios del país, concluyendo que esto termina siendo una muestra más de la idiosincrasia racista del país que se debe combatir.
“Porque soy una mujer negra y porque soy una mujer que viene de abajo. Porque soy humilde... El clasismo en este país es evidente, el racismo en este país es evidente. Lo acabamos de hablar”.
Sobre más información de l vicepresidenta Márquez, la semana pasada se dio a conocer que luego de que varios congresistas de la oposición presentaran una demanda contra la creación del Ministerio de la Igualdad, la Corte Constitucional la admitió. De acuerdo con los argumentos de los miembros del Centro Democrático, entre los que se encuentra Paloma Valencia, María Fernanda Cabal, Paola Holguín y Miguel Uribe, la creación de esta nueva cartera violo varios artículos de la constitución política.
Entre los argumentos se encuentra que la creación del ministerio no tiene en cuenta el impacto fiscal que genera, además, que en el momento de ser aprobada la ley no se respetó el debido proceso, pues la Comisión Primera del Senado no había logrado un quorum y que no están de acuerdo con las facultades extraordinarias entregadas al presidente de la República, Gustavo Petro, pues pueden ir en contra del equilibrio democrático, función que uso para sancionar la creación de la cartera que será liderado por la vicepresidenta Francia Márquez.
“Ni el informe de ponencia para primer debate ni el articulado podían ser aprobados mediante votación ordinaria, sino que se requería de votación nominal, porque (i) solo a través de esta era posible certificar que la votación cumplió con la mayoría absoluta exigida para su aprobación; y (ii) la oposición había anunciado que se retiraría del recinto al momento de votar el proyecto, razón por la cual era necesario realizar el llamado a lista nominal para verificar si se contaba con el quórum decisorio necesario para aprobar la iniciativa”, se lee en el documento.
En la ponencia, que fue firmada por el magistrado Alejandro Linares, se lee sobre la situación del proceso que se resuelve: “ADMITIR la demanda de inconstitucionalidad presentada por los ciudadanos”, pero que deben corregir algunos argumentos al interior del documento inicial.
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