Director financiero de los paramilitares Castaño Gil fue enviado a la cárcel por la masacre de La Granja

Jacinto Alberto Soto Toro, “alias Lucas”, habría aportado dinero y recursos para que más de 20 hombres incursionaran en el corregimiento de La Granja, en Ituango, Antioquia, y les provocaran la muerte a cuatro personas, entre ellas, a una con discapacidad cognitiva. Aquellos hechos ocurrieron el 11 de junio de 1996.

Por eso, un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos dispuso la medida de detención preventiva en centro carcelario para este hombre, al encontrar suficiente evidencia y prueba testimonial que lo involucran con este episodio denominado “La masacre de La Granja”, y por el cual el presidente Gustavo Petro pidió disculpas a nombre del Estado a finales del año pasado.

Alias Lucas, al ser el presunto jefe financiero de los hermanos Castaño Gil y de las extintas Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (UCCU), se habría encargado de pagar las nóminas de las organizaciones paramilitares y abastecerlas de armas, recursos, material de intendencia y otros elementos que les permitieron ejecutar homicidios y otros crímenes de lesa humanidad que constituyeron un patrón de violencia sistemática contra la población civil entre 1996 y 1998.

En ese sentido, desde la oficina de este hombre, ubicada en el parqueadero de Padilla, Medellín, se habría remitido la información y el dinero necesario para que la estructura armada irrumpiera en el corregimiento de La Granja y con una lista buscara a los habitantes señalados de haber apoyado a organizaciones criminales de la región.

“Este hombre, como presunto jefe financiero de los hermanos Castaño Gil y de las extintas Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, habría sido el encargado de pagar la nómina y abastecer de armas, recursos, material de intendencia y otros elementos a las organizaciones paramilitares que ejecutaron varios homicidios calificados como crímenes de lesa humanidad y que constituyeron un patrón de violencia sistemática contra la población civil entre 1996 y 1998″, indicó Hugo Tovar Pérez, director especializado contra las Violaciones a los Derechos Humanos de la Fiscalía.

Entre las personas asesinadas por los 20 sujetos armados, que pertenecían al Bloque Mineros, había un hombre con discapacidad cognitiva, a una mujer y un profesor, quienes se encontraban en sus viviendas o en sus lugares de trabajo.

Por estos hechos, Jacinto Alberto Soto Toro seguirá vinculado como presunto responsable de los delitos de homicidio agravado en concurso homogéneo y sucesivo, y concierto para delinquir agravado.

La medida de aseguramiento será comunicada a las autoridades competentes y a las directivas de la cárcel La Picota, en Bogotá, donde alias Lucas permanece privado de la libertad por otro proceso que se sigue en su contra.

Cabe recordar que a finales del año pasado se conoció una lista con 15 reclusos que harían parte de la Mesa Nacional por la Paz Total, ente los que estaría alias Lucas. No obstante, de acuerdo con la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (Oacp), esta iniciativa sería por parte de los reclusos y no tendría el apoyo ni la estaría impulsando la Oficina.

Hace menos de un mes, el pasado 17 de febrero, el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Medellín ordenó la libertad de Soto Toro al no lograr comprobar que este hombre participó en los hechos que rodearon el asesinato de tres agentes del CTI que investigaban sobre los patrocinadores del paramilitarismo.

“No obró prueba directa o indicio que nos permitiera evidenciar en grado de certeza racional que existió un acuerdo previo entre Jacinto Alberto Soto Toro y otras personas para ocasionar la muerte de los exagentes del CT”, dice el fallo. De todas maneras, el proceso sigue porque la Fiscalía presentó un recurso de apelación.