Protestas sociales han ido al aumento en lo corrido desde el Gobierno de Gustavo Petro

La Defensoría del Pueblo señaló que durante los primeros dos meses del 2023 los conflictos sociales aumentaron en un 72,6%

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Protestas 8M del Día Internacional de la Mujer (Colprensa - Camila Díaz)
Protestas 8M del Día Internacional de la Mujer (Colprensa - Camila Díaz)

Las demandas de las comunidades en el país se han incrementado durante el gobierno del presidente Gustavo Petro. Casi cuatro protestas sociales diarias se han presentado durante los primeros dos meses del año, con una tendencia que se ha registrado desde el segundo semestre de 2022.

El país ha visto varios eventos de manifestaciones en los últimos meses, como las demandas de los profesores indígenas que se tomaron la entrada del Congreso de la República, los estudiantes que han pedido avances en la política educativa, los campesinos que se rebelaron contra la Emerald Energy en Caquetá o el estallido de un complejo conflicto en el Bajo Cauca antioqueño ante la operación contra la minería ilegal.

La Defensoría del Pueblo lanzó una alerta para las entidades del Estado ante el registro de un incremento en las dinámicas de conflictividad social. “Durante los dos primeros meses de 2023 se ha observado un incremento de conflictos sociales respecto al mismo período del año anterior. Mientras en enero y febrero de 2022 se registraron 124 eventos de este tipo, en el mismo periodo de 2023 la cifra llegó a los 214 eventos, es decir un incremento del 72,6%”, aseguró Carlos Camargo Assis.

Es decir que en los primeros 59 días de los dos primeros meses del año se presentaron en promedio tres protestas diarias. El Observatorio de Prevención de Conflictos Sociales de la Defensoría del Pueblo arrojó como resultado del monitoreo que durante el año 2022 se registraron 1.428 eventos relacionados con diversos tipos de conflictividad social.

La tendencia al aumento en los conflictos sociales se presentó a partir del segundo semestre del 2022, que en un análisis mes a mes se evidencia que el mayor número de situaciones se presentaron en septiembre, cuando se alcanzó la cifra de 186 eventos. Apenas el segundo mes del gobierno del presidente Petro.

Ecopetrol y habitantes de Barrancabermeja y San Vicente de Chucurrí llegaron a acuerdos con mediaciónn de la Defensoría para levantar el bloqueo que impedía el ingreso a los pozos de Lizama. Foto: Defensoría del Pueblo
Ecopetrol y habitantes de Barrancabermeja y San Vicente de Chucurrí llegaron a acuerdos con mediaciónn de la Defensoría para levantar el bloqueo que impedía el ingreso a los pozos de Lizama. Foto: Defensoría del Pueblo

Camargo reconoció que las protestas sociales son un mecanismo por el que las comunidades buscan ser escuchados y reivindicar sus derechos, por lo que llamó a la generación de espacios de diálogo, que impidan que lleguen a situaciones de violencia.

“Como defensor del Pueblo rechazo las vías de hecho y violencia y le reitero al Gobierno nacional y a los entes territoriales la importancia de trabajar en la prevención temprana para evitar el escalamiento violento de las protestas sociales, atender los llamados de las comunidades campesinas, indígenas, afrodescendientes, mineras, entre otras, para escuchar sus necesidades y construir rutas de trabajo que permitan prevenir la violencia como forma de protesta, así como la respuesta institucional a la misma”, aseguró el funcionario.

La Defensoría del Pueblo señaló que las protestas se han presentado como demandas de las comunidades por mayor inversión del Estado en las áreas rurales y urbanas, exigencias de garantías por derechos a la vida, la libertad, integridad y seguridad, laborales, prestación de servicios públicos, educación, transporte, entre otras.

Los departamentos con mayor tendencia a las manifestaciones en este incremento han sido Antioquia, Bolívar, Santander, Atlántico, Valle del Cauca, Magdalena, La Guajira, Tolima, Norte de Santander, Cauca, Boyacá y Córdoba. Así mismo, en la capital del país, Bogotá, donde se concentran varias comunidades.

“La conflictividad social ha venido creciendo en las últimas semanas, en diferentes regiones del país, y las autoridades gubernamentales no deben postergar la constitución de los espacios de diálogo que las comunidades vienen demandando. Es urgente que además del Gobierno nacional, los gobernadores y los alcaldes acompañen e impulsen un ejercicio de diálogo propositivo, que permita avanzar en la búsqueda de soluciones concretas con enfoque de derechos humanos”, sostuvo el defensor Camargo.

En el caso de Los Pozos, en Caquetá, el diálogo no dio resultados hasta que se produjo la retención de 76 uniformados de la Policía y la muerte de uno de ellos y un campesino. En el caso del Bajo Cauca, el Gobierno nacional señaló que no será posible adelantar ningún acercamiento hasta que cesen los hechos de violencia que se han presentado.

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