Caso Luis Alfredo Ramos: Defensoría del Pueblo afirmó que se violó el derecho al debido proceso

La Defensoría del Pueblo solicitó a la Corte Constitucional revisar la tutela interpuesta por Luis Alfredo Ramos, exgobernador de Antioquia, ya que desde este organismo se considera que los derechos fundamentales de ese político fueron violados.

El pedido fue hecho por medio de un comunicado de 19 páginas, en el cual se asegura que el fallo proferido por la Corte Suprema de Justicia vulneró sus derechos al debido proceso, puesto que las actuaciones judiciales terminaron en una condena por errores procedimentales, aunque la corte investigaba su participación en la parapolitica.

En la sentencia expedida, el alto tribunal mantuvo la condena de 95 meses de prisión contra Ramos, hallado culpable de los delitos de concierto para delinquir agravado por este, pues según el fallo, se alió con grupos paramilitares durante sus campañas electorales al Senado y Gobernación de Antioquia.

No obstante, el proceso contra el exgobernador inició antes de la aplicación de la doble instancia para aforados, reglamentada por el acto legislativo 01 de 2018, por lo que su proceso se llevó a cabo con el ordenamiento anterior.

En el concepto de la Defensoría del Pueblo, como la sentencia de Ramos no fue proferida antes de la expedición del nuevo régimen, se debe llegar a la instancia de apelaciones, solicitud que coincide con la tutela interpuesta por el exgobernador y negada por la Corte Constitucional en septiembre del 2022.

Luis Alfredo Ramos alegó en la tutela presentada que en la investigación por parapolítica la sala que falló en su contra no fue la misma que lo sentenció, lo que se constituiría en una violación al derecho del debido proceso. Al respecto, aseguró “múltiples y flagrantes violaciones a garantías plasmadas en nuestra Constitución y en tratados internacionales de derechos humanos”.

La Defensoría del Pueblo concluyó que los despachos judiciales, efectivamente, violan el bloque de constitucionalidad, siendo una situación que se ha discutido durante varios años: “A la fecha no se tiene una normatividad clara que regule de manera taxativa el tema bajo estudio, por lo que a la fecha el tema sigue siendo debatido y debatible, lo que ocasiona una inseguridad jurídica”.

El exgobernador de Antioquia Luis Alfredo Ramos fue condenado por haber establecido alianzas y recibido apoyos de grupos paramilitares, tanto para sus campañas políticas como sus movimientos (Unionista Equipo Colombia y Alas Equipo Colombia), entre 2001 y 2007

De acuerdo con la sentencia, que se basó en pruebas de diversa índole y testimonios de paramilitares condenados, Ramos se reunió en esos años con varios miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), como el Bloque Metro, y “Cartel de la gasolina”. Además, recibió dinero del exparamilitar Juan Carlos Sierra Ramírez y de los hermanos Castaño Gil, con quienes se afirma la existencia de contactos; así como apoyo económico de Miguel Arroyave (Bloque Centauros) y reunión con integrantes paramilitares en el municipio de Bello (Antioquia) a comienzos de 2005.

Según la sentencia, en 2001 Luis Alfredo Ramos recibió dinero de Miguel Arroyave para llegar al Congreso de la República. Luego, en 2005, se reunió en la finca Bellatina con varios jefes de las autodefensas, donde se acordó apoyar la aprobación de la Ley de Justicia y Paz de acuerdo a los intereses paramilitares, a cambio de apoyos en otras campañas políticas. La Corporación Democracia, de desmovilizados, apoyó a Ramos en 2007 a la Gobernación de Antioquia.