Proceso por acoso laboral contra el exdefensor del Pueblo Jorge Armando Otálora fue archivado por la Procuraduría

Por vencimiento de términos la Procuraduría General de la Nación archivó el proceso disciplinario adelantado contra Jorge Armando Otálora, exdefensor del Pueblo, acusado de acoso laboral, porque se determinó que Otálora es inocente en el caso por prescripción disciplinaria.

El exfuncionario público había sido absuelto por la Corte Suprema de Justicia gracias a que el magistrado Luis Antonio Hernández, presidente de la Sala Penal del alto tribunal, quien determinó de la mano de varios de los testigos en el caso que el entonces defensor del Pueblo y su secretaria habían tenido una relación sentimental por casi un año. Según el magistrado se reveló gracias a registros de los teléfonos móviles que Cristancho visitaba frecuentemente la vivienda de Otálora, y que existían mensajes cariñosos por parte de los relacionados en el caso.

Durante las investigaciones Otálora demostró que la fotografía íntima que se dio a conocer en las redes sociales y medios de comunicación correspondió a una imagen que ella misma solicitó y que después trató de utilizar como prueba de un acoso que nunca existió.

Con las evidencias recolectadas la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría solicitaron la preclusión de la investigación, como efectivamente lo ordenó la Corte Suprema, sin objeción del abogado de la demandante ni de la defensa.

A finales del 2020 la Procuraduría General de la Nación, citó a Armando Otálora, que estuvo en cabeza de la Defensoría del Pueblo en el periodo 2012-2016 y quien era acusado por presunto maltrato laboral al que sometió a sus subordinados mientras ejerció en el organismo humanitario.

En los testimonios recolectados en el caso se mencionó lenguaje ofensivo; “Inepto, incapaz, me toca hacerle su trabajo”, eran algunos de los términos con los que según un testigo era tratado en la Defensoría, por ello la Procuraduría tomó la determinación de citarlo y analizar sus acciones como líder del órgano constitucional.

Información brindada por El Espectador expuso que la Procuraduría General habría hallado méritos suficientes para formular pliego de cargos por la conducta categorizada como grave a título de dolo.

Juan Manuel Osorio, el funcionario que denunció la situación ante el órgano de control, aseguró ante el medio anteriormente citado que durante su jornada laboral era víctima de malos tratos, gritos, groserías, manoteos, golpes al escritorio, zapateos, exclusiones, gestos displicentes, amenazas y hasta insultos.

Las quejas de los maltratos se dieron a conocer desde el 2015, año cuando en compañía del funcionario Juan Manuel Osorio, la exreina de belleza Astrid Helena Cristancho denunció al entonces defensor del Pueblo por acoso laboral, caso que concluyó desatando un tema de acoso sexual, tras la revelación de conversaciones de chat en las que se evidenciaba una supuesta relación sentimental entre el alto funcionario y su secretaria.

Según el comunicado de la Procuraduría General el funcionario Osorio relató que los malos eran tan difíciles soportar que optó con renunciar, y el día que lo hizo tuvo que insistir para que le aprobaran su renuncia. “Ustedes aquí hacen lo que se les da la puta gana, esta puta mierda se acabó. Aquí solo aprenden a los madrazos o echándoles”, fueron las palabras que, según Osorio, le decía su entonces jefe directo, Jorge Armando Otálora.

Con todas las revelaciones, el ministerio afirmó que Otálora incidió en desobedecimiento al principio de la moralidad que regula la función pública, y por ello el comportamiento fue considerado como sustancialmente ilícito.

“Es claro también, que la expectativa de la sociedad en relación con el quehacer funcional de un Defensor del Pueblo, se puede ver negativamente impactada cuando este, irrespeta y ofende a su subalterno”, consideró la Procuraduría en segunda instancia.

Tras enfrentar dos cargos de gravedad como acoso sexual y maltrato laboral, Otálora determinó renunciar a su cargo en la Defensoría en enero del 2016, durante la dimisión el funcionario aseguró que todo lo sucedido se trataba de un ‘’burdo montaje’' para dar su imagen y buen nombre. En la actualidad Jorge Armando Otálora dirige una oficina de abogados que montó para continuar ejerciendo su profesión.