En la tarde del 8 de marzo, el Consejo Mayor de Gobierno de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) denunció públicamente amenazas contra una de sus líderes, se trata de Esneda Saavedra Restrepo, miembro de la comunidad indígena de la yupka, así como contra su familia.
El comunicado expone que el 6 de marzo, la defensora de derechos humanos se encontraba en su vivienda, ubicada en el municipio de Becerril, departamento del Cesar, cuando sobre a las 12:40 a. m., varios hombres armados dispararon contra su vivienda.
En ese momento, en la edificación se encontraba la familia de la líder, conformada por niños y una de las autoridades de la comunidad. Los sujetos reclamaron a gritos a Esneda Saavedra a las afueras del hogar, esta salió con la intención de proteger a los infantes.
Una vez afuera de la vivienda, los sujetos disparan nuevamente, esta vez contra ella, aunque ninguna de las balas impactó contra su persona, posteriormente recibió amenazas verbales de muerte.
La ONIC expresó su rechazo ante esta situación, explicó que no es la primera vez que Saavedra afronta amenazas contra su vida, un riesgo que asumió desde que se desempeña como dirigente indígena del orden nacional, según el decreto 1396 de 1996.
“El Movimiento Indígena Nacional no será silenciado por el actuar constante de los violentos quienes quieren acallar nuestra voz y nuestros logros organizativos. Seguiremos, con la fortaleza que nos caracteriza desde hace cientos de años, en nuestra lucha por la reivindicación de los derechos, por el respeto de nuestra historia de origen y por el respeto de nuestros territorios ancestrales”, se indicó en el documento compartido por las redes sociales.
En el mismo documento, la organización indígena hizo un llamado a distintas entidades estatales para que se garanticen las condiciones de seguridad de la líder, entre las que se encuentra la Fiscalía General de la Nación, a la que se pide el inicio inmediato de las investigaciones a las que haya lugar y permita llevar ante a la justicia a los responsables.
A la Unidad Nacional de Protección se le pidió adelantar las tareas administrativas correspondientes para reforzar la seguridad de las víctimas, tanto en su hogar como en los espacios donde se desplaza, en el marco de su tarea organizativa.
Para la ONIC, es vital que la Policía Nacional articule los procesos necesarios con la Fiscalía con el fin de garantizar la seguridad de Saavedra y que la Defensoría del Pueblo realice acompañamiento en los procesos correspondientes. Finalmente, la organización solicito a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz que incluya la información expuesta en sus informes sobre situación de Derechos Humanos en el país.
El 7 de marzo también se había denunciado un atentado contra un líder indígena en el país, se trata del consejero Floriberto Canticus Bisbicus, perteneciente a la comunidad awá, ubicada en el sur occidente del país, en cercanías del municipio de Tumaco.
La ONIC aseguró que un grupo armado ilegal atentó contra la vida de la autoridad indígena disparando contra su vehículo. Ante los hechos vividos cerca de 14 familias, víctimas del conflicto y el desplazamiento, se vieron nuevamente forzadas a dejar sus hogares con el fin de proteger sus vidas.
Desde el 2022 hasta el 6 de marzo del 2023, 26 integrantes de la comunidad awá han sido asesinado, se han registrado 22 amenazas individuales, 11 desplazamientos forzados colectivos y nueve individuales, y en total, cerca de 10.743 personas se han visto afectadas por la violencia, según la organización indígena.
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