La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ordenó medidas de protección sobre archivos de inteligencia y contrainteligencia de la antigua Brigada XX del Ejército Nacional, que operó entre 1985 y 1998, ante la solicitud hecha por el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), que representa a un grupo de víctimas del conflicto armado en Colombia.
Según lo informó la emisora Blu Radio, el alto tribunal realizó un proceso de inspección sobre dichos archivos y pudo encontrar documentos que hacen referencia a la Unión Patriótica, lo cual constituye el caso 06 de la JEP, por lo que el magistrado a cargo determinó que es de vital importancia protegerlos.
“Al analizar los documentos, se puede señalar que es posible encontrar información de derechos humanos como, por ejemplo, anotaciones de inteligencia respecto de integrantes de la Unión Patriótica, anotaciones sobre las reuniones a las que asistían, sus amigos personales, dirección de residencia, entre otros. Es más, uno de dichos documentos hacía referencia a militantes de la Unión Patriótica de Fusagasugá, con anotaciones de inteligencia respecto a reuniones sindicales y del partido”, explicaron desde el tribunal de paz.
Así mismo, se encontraron también documentos que hacen referencia a movimientos sindicales y al Partido Comunista Colombiano (PCC). “Hay muchos más archivos relacionados con derechos humanos de lo que inicialmente solicitamos, que incluso podemos encontrar información relacionada con defensores de derechos humanos asesinados y desaparecidos forzosamente como Eduardo Umaña Mendoza, Alirio de Jesús Pedraza, Teresa Quiñonez, Gabriel Ángel Betancourt, quienes previamente fueron estigmatizados y catalogados como blancos legítimos”, indicó el magistrado para la emisora mencionada.
De tal manera que la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad otorgó medidas cautelares con el fin de que se proteja el derecho a la memoria y a la verdad de las víctimas.
“Los archivos de inteligencia y contrainteligencia del comando operativo de la extinta Brigada XX del Ejército Nacional que, de acuerdo con lo expresado por los funcionarios del Archivo General del Ministerio de Defensa, resultan de invaluable importancia para establecer la verdad y construir la memoria histórica sobre lo acontecido”, argumentó.
Por eso, se le ordenó al Ministerio de Defensa adoptar los protocolos que permitan el acceso a más información que contengan los archivos, a la Fiscalía informar sobre todas las denuncias sobre destrucción, sustracción, alternación o falsificación de datos contenidos en esos documentos, y a la Procuraduría reportar quejas disciplinarias concernientes a manipulación de los mismos.
“La SAR adoptará medida de protección de información sobre los archivos de la referida brigada que se encuentran almacenados en el Archivo General del Ministerio de Defensa Nacional, incluyendo, la información que se encuentra relacionada con actividades de inteligencia desplegadas por el personal de unidades, batallones u organismos de seguridad (independientemente de su denominación) sobre miembros de la Unión Patriótica, el Partido Comunista Colombiano, organizaciones sindicales y de derechos humanos”, indicó la JEP.
La Brigada XX del Ejército Nacional, fue desmantelada en 1998 por varios señalamientos y violaciones a los derechos humanos, algo señalado inclusive por el gobierno de Estados Unidos.
Para la decisión de la JEP fue clave el análisis de varias ONG de derechos humanos titulado “Binci y Brigada XX: el rol de la inteligencia militar en los crímenes de Estado y la construcción del enemigo interno”, que documentó violaciones a los derechos humanos cometidos, al parecer, “por parte de organismos de inteligencia adscritos a las Fuerzas Militares, quienes a través del uso de fuentes y medios humanos, técnicos y tecnológicos realizaron acciones de persecución contra integrantes de movimientos políticos afines a ideologías de izquierda o quienes hacían oposición, rotulados bajo el concepto de ‘enemigo interno’”.
Binci fue el nombre con el que nació la brigada, en 1964, durante plena Guerra Fría. En 1985 pasó a llamarse Brigada XX, en medio de la guerra contra el narcotráfico que vivía Colombia. Aquel grupo sería responsable de al menos 51 ejecuciones extrajudiciales, 73 casos de desaparición forzada y 35 más de presunta tortura, según varias ONG.
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