Destituyeron al alcalde de Neiva por supuestas irregularidades en contratos

La Procuraduría delegada Disciplinaria de Juzgamiento, en primera instancia, destituyó e inhabilitó por 10 años al alcalde de Neiva, Gorky Muñoz Calderón, por supuestas irregularidades en la celebración de contratos, durante la pandemia por Covid-19.

El ente de control habría encontrado “sobrecostos” en al menos 5 contratos, que la administración distrital pactó por 8.802 millones de pesos, bajo la figura de ‘urgencia manifiesta’ consignada en la Ley 80 de 1993.

En concreto, los acuerdos que, durante la revisión, generaron sospechas convenian el diseño y desarrollo de una campaña de prevención contra el SARS-CoV-2, por $438 millones; servicios de atención integral para habitantes de la calle, por $425 millones, y la compra de 4.500 mercados que serían entregados, únicamente, a adultos mayores, por $2.389 millones.

Actuación que se habría repetido en la adquisición de alimentos destinados al Programa de Alimentación Escolar (PAE), por $5.250 millones.

Sobe este último, la delegada habría encontrado que, no solo existieron sobrecostos en el precio de los alimentos, sino que, también, la interventoría contratada no cumplía con los requisitos ni la experiencia necesaria, además, “al parecer, el representante legal de la empresa interventora era a la vez miembro principal de la Junta Directiva de la compañía encargada de comprar los alimentos”. Por este servicio se habrían pagado $300 millones.

Es así como no solo el alcalde resultó implicado. Otros funcionarios, de acuerdo con el ente de control, también serían responsables, entre ellos: el secretario de Gestión del Riesgo, Armando Cabrera Rivera; la exsecretaria de Mujer, Equidad e Inclusión, Camila Mercedes Ortega Suárez, y el exsecretario de Educación, Giovanny Córdoba Rodríguez. Los tres tendrían habrían sido inhabilitados para ejercer cargos públicos durante los siguientes 9 años.

Como era de esperarse, el alcalde Muñoz apeló la decisión de la Procuraduría en la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular, argumentando que la decisión adoptada por la delegada corresponde a un fallo en primera instancia, por lo que llama a una segunda revisión, para que el superior jerárquico estudie el caso y adopte la decisión que en derecho corresponda.

“La sanción de primera instancia no se hace efectiva hasta tanto se resuelva la segunda instancia por parte de la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de servidores públicos de la Procuraduría General de la Nación, por lo tanto, continuaré en el ejercicio normal de mis funciones, como alcalde, tal cual como lo he venido haciendo desde el 1 de enero de 2020″, comentó en un comunicado de prensa.

Y destacó que, aunque siempre ha sido respetuoso de las instituciones, sobre el fallo de primera instancia, siente la obligación de manifestar que, si bien acata las decisión de las autoridades administrativas, no comparte la valoración probatoria realizada por la delegada, dado que esta habría pasado por alto en su investigación el contexto y las implicaciones que representó la pandemia por Covid-19, la emergencia sanitaria y el marco legal definido en la Ley 80 de 1993, para la contratación de urgencia manifiesta.

“No bajaremos los brazos ni agacharemos la cabeza, primero porque no hemos actuado contra la ley, segundo porque aún tenemos mucho por entregarle a este territorio, y tercero, porque no desampararemos a quienes en este gobierno han encontrado voz, oportunidades, empleo, dignificación y mejor calidad de vida”, añadió.

Y ratifico su compromiso con la ejecución del Plan de Desarrollo de la ciudad de Neiva, para ser fiel a su propósito de seguir dignificando la vida de los habitantes de la capital de departamento huilense, especialmente la de aquellos que son más vulnerables; generando y estructurando obras, de todo tipo, que beneficien el desarrollo del municipio.