Desde las últimas semanas los habitantes del municipio La Esperanza, en Norte de Santander, viven en el miedo y la zozobra. Por medio de panfletos y audios, enviados por redes sociales, el Clan del Golfo amenazó y declaró objetivo militar a los pobladores de esta zona del país.
En los audios, el grupo armado ilegal mencionó que hará una ‘limpieza social’ contra consumidores de sustancias psicoactivas y que asesinará a quienes los suplanten y “no se porten bien”.
Ante esta situación, la Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana 06-2023, que fue enviada al Ministerio del Interior para que se proteja a los residentes de los sectores urbanos de La Feria I, Feria II, Santa Inés, San Antonio, Caño Hacienda y Tienda Nueva y en el corregimiento La Pedregosa.
El defensor del Pueblo Carlos Camargo apuntó que:
“La situación es crítica y ya se han registrado graves hechos de violencia en esa población. El pasado 25 de enero, por ejemplo, fueron asesinados 5 jóvenes que presuntamente estaban consumiendo marihuana en un punto conocido como La Batea, en el barrio La Feria”, aseguró el funcionario.
En la Alerta Temprana también se enviaron solicitudes a la Alcaldía de La Esperanza, a la Gobernación de Norte de Santander y a la Unidad para Víctimas, para que se atienda y acompañe a las víctimas del municipio.
Asimismo, se le pidió a la Fiscalía General de la Nación que investigue los casos para individualizar y judicializar a los responsables de las amenazas y ataques contra la población, y a la Procuraduría y a la Personería que hagan seguimiento a las acciones de las autoridades en la implementación de medidas de prevención y protección a favor de la población civil.
Al finalizar su intervención, Carlos Camargo apuntó a la creación de medidas preventivas y de reacción rápida ante los factores de riesgo advertidos desde el Sistema de Alertas Tempranas (SAT), de manera tal, “que las autoridades adopten de manera urgente las medidas necesarias y pertinentes para prevenir y conjurar los riesgos y amenazas”, finalizó el defensor del Pueblo.
En una de las advertencias realizadas por la Defensoría del Pueblo se puede destacar que el bloque Arístides Meza Páez del frente Edgar Madrid Benjumea del Clan del Golfo, “muestra su interés de extender su presencia desde Puerto Wilches, Barrancabermeja y Sabana de Torres, en Santander, a municipios como La Esperanza en Norte de Santander, y San Alberto y San Martín, en el departamento de Cesar”, se lee en el documento público.
Según cifras oficiales, actualmente en Norte de Santander hay más de 90.000 víctimas del conflicto armado, la mayoría en la subregión del Catatumbo.
El Centro Nacional de Memoria Histórica aseguró que en los últimos siete años, en Norte de Santander, por presencia de grupos paramilitares, se desplazaron forzadamente 99.074 personas, que equivalen al 59,5% de los desplazamientos de los últimos 32 años. También hubo 832 casos de asesinatos selectivos y 599 muertos en masacres: 403 por parte de paramilitares y 142 por parte de las guerrillas.
El informe Catatumbo: Memorias de vida y dignidad sostiene que el conflicto armado llegó a finales de los setenta a esta subregión y se agravó a finales de los ochenta, cuando el ELN, el EPL y las FARC fortalecieron sus acciones militares con asesinatos selectivos, secuestros, extorsiones y tomas a poblados. Pero fue entre 1999 y 2006 cuando la región vivió una violencia sin precedentes, con el accionar de tres estructuras paramilitares: el Bloque Catatumbo, el Frente Héctor Julio Peinado Becerra y el Frente Resistencia Motilona.
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