Por la muerte de una joven durante las protestas en Bogotá, un patrullero tendrá que enfrentar cargos

Los hechos se habrían presentado tras la velatón por la muerte de Javier Ordóñez en septiembre de 2020. Madre de la víctima denunció amenazas

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Nury Rojas Sanabria toca la foto de su hija Angie Paola Baquero. Ha denunciado amenazas. (Colombia). EFE/Carlos Ortega
Nury Rojas Sanabria toca la foto de su hija Angie Paola Baquero. Ha denunciado amenazas. (Colombia). EFE/Carlos Ortega

La decisión la dio a conocer la Procuraduría General de la Nación, quien a través de un comunicado publicado el 7 de marzo de 2023 explicó los lazos que lo unen al caso que acabó con la vida de Angie Paola Baquero Rojas durante las protestas que se desarrollaron el 9 de septiembre de 2020 en la ciudad de Bogotá.

De acuerdo con la información, el patrullero de la Estación de Policía de la localidad de Suba, identificado como Jorge Andrés Lasso Valencia, quien en ese momento ejercía como integrante de la patrulla en esta parte de la capital del país, habría disparado presuntamente de manera intencional su arma de dotación cuando estaba en labor de refuerzo en el CAI Aures.

Angie Paola murió por el impacto de bala que recibió en los hechos que se registraron en la carrera 102 A con calle 132. Durante ese momento se presentaron fuertes disturbios luego de una velatón que había sido adelantada en relación con el homicidio de Javier Ordóñez, estudiante de derecho que murió en el CAI de Villa Luz.

Según los avances de la investigación que realizó la Fiscalía, el patrullero recibió el arma de dotación con una munición calibre 9 mm hacia las 8:16 de la noche. Posteriormente, el patrullero la regresó hacia la madrugada del 10 de septiembre de 2020 a las 2:27. Las pruebas señalaron que se habían gastado un total de 6 proyectiles.

El cuerpo de la mujer tenía atravesada una bala que tendría relación con las características de “identidad con el arma asignada al investigado”. Esta información se dio a conocer en el informe que presentó la Fiscalía el 6 de octubre de 2020 por los hechos.

En ese momento, según la entidad:

“El ente disciplinario agregó que hasta este momento se ha demostrado que el uniformado disparó a sabiendas de que se encontraban manifestantes y no manifestantes y a pesar de haber dirigido el disparo contra el pavimento, en una de las seis ocasiones que realizó los disparos, aparentemente la trayectoria de uno de ellos, por efecto del rebote, ingresó al cuerpo de Angie Paola Baquero”.

Debido a lo anterior, la Procuraduría habría calificado la falta atribuida a Lasso Valencia por el caso de Angie Paola como “gravísima dolosa”.

Por otro lado, la madre de Angie Paola alertó sobre amenazas. Nury Rojas, madre de la joven víctima, aseguró que ella, su familia y su hija merecen justicia y verdad. Sin embargo, también dio a conocer que frente al caso, están sufriendo amenazas. Según indicó: “Persiguen a mi hijo, lo perfilan y lo siguen carros, motocicletas y patrullas”.

La denuncia por disparar a la población

Katerine Rodríguez, abogada de las víctimas por cuenta de estos hechos, señaló que el caso que terminó con la vida de Angie Paola no tiene precedentes. De hecho, mencionó en La W que el suceso tuvo lugar cuando “Los manifestantes ejercían su derecho (a la protesta) en contra de la brutalidad policial”.

Según comunicó la abogada, los policías que se encontraban en el lugar “portaron sus armas y dispararon en contra de la población civil desarmada”.

Otras investigaciones en el marco de las manifestaciones

De acuerdo con la información, Lasso forma parte del grupo de uniformados investigados por la Fiscalía General de la Nación, en el que se busca obtener información de las causas de la muerte de otras cuatro personas que se encontraban en las manifestaciones del 9 de septiembre de 2020 en la capital.

Junto a Lasso, otros de los miembros de la Policía investigados son Jhon Andrés Gutiérrez y Andrés Díaz Mercado. En estos casos, los uniformados hacían parte del cuerpo de Policía del CAI Verbenal norte de Bogotá. En el caso de Díaz, la Fiscalía ya solicitó medida de aseguramiento.

Cabe recordar que la imputación de cargos fue posible luego de que los fiscales e investigadores del caso presentaran pruebas de balística y declaraciones que permitieron demostrar que los impactos de bala que recibieron las víctimas procedían de las armas que tenían los uniformados.

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