
Después de que el presidente Gustavo Petro le solicitó la renuncia a María Isabel Urrutia, la ministra del Deporte continuó firmando contratos y antes de dejar el cargo habría suscrito al menos 25 convenios que ascienden a más de 16 mil millones de pesos. La Secretaría de Transparencia ya identificó posibles delitos penales en esas actividades.
El secretario Andrés Idárraga le solicitó al Ministerio del Deporte copia de todos los contratos firmados por la entidad en lo corrido del año. De acuerdo con ese análisis, se suscribieron 206 contratos desde el 1 de enero, de los cuales 25 se firmaron entre el 28 de febrero y el 6 de marzo, periodo en el Urrutia Ocoró ya había sido notificada de su despido. Estos últimos ascienden a $16.339 millones.
“Situación que parece ser regular, teniendo en cuenta el ritmo de la contratación en la entidad, pero sobre todo que se causó luego del anuncio de la salida de la Ministra del Deporte”, sostuvo Idárraga, quien anunció que verificarán la legalidad y de ser el caso serán enviados a los entes correspondientes para adelantar las investigaciones.
Hay varios detalles de estos contratos firmados en la última semana laboral de Urrutia como ministra, pese a que ya el presidente le había notificado públicamente que debía apartarse del cargo. Por ejemplo, mientras los contratos de las semanas anteriores sumaban entre 234 y 1.803 millones, los de la última semana ascendieron a más de 16 mil.
La mayoría de los contratos se encuentran activos y ejecución por más de 21.494 millones de pesos. Solo cuatro de los contratos ya terminaron y otros dos fueron modificados. La mayoría sería de prestación de servicios, es decir para la contratación de personal.
“Encontramos que, en al menos 106 contratos, una misma persona con el mismo objeto contractual y justificación, traslapados en el tiempo, al menos en 2 meses, lo que podría configurar un posible interés ilícito en la celebración de contratos”, señaló Idárraga acerca de los hallazgos preliminares.
Es decir que personas que ya habían sido contratadas habrían firmado un nuevo contrato, con una mayor extensión, por lo que podrían 14 meses de trabajo en el año. Además, al menos la mitad se firmaron a medianoche, que para la Secretaría de Transparencia sospecha que se habrían hecho a la carrera.
“Son contratos duplicados, lo que demuestra al parecer fue un afán para lograr que las personas que estaban vinculadas de enero a abril tuvieran desde ya un contrato hasta el mes de diciembre, cometiendo un error que puede tener una incidencia penal en tanto se diera el principio de planeación”, señaló Idárraga a Caracol Radio.
Una persona no podría firmar un nuevo contrato con el mismo objeto contractual, con la misma entidad, y teniendo uno vigente. De hacerlo sin una autorización expresa o justificación podría incurrirse en celebración ilícita de contratos, que es un delito penal y le corresponde investigarlo a la Fiscalía.
Urrutia sostuvo, en entrevista con Blu Radio, que los contratos se adelantaron para proveer personal al Ministerio del Deporte, debido a que varios funcionarios y el sindicato había manifestado sobrecarga laboral. Además, que los recursos no se asignaron a la entidad sino hasta el 15 de febrero.
Sin embargo, no se explica que no se haya seguido un proceso regular. La maratón de contratación fue calificada por el presidente Petro como “actuaciones indelicadas con el presupuesto de la nación”, por lo que decidió declarar insubsistente a Urrutia para ordenarle salir de la cartera.
Horas más tarde, el mandatario posesionó a Astrid Bibiana Rodríguez como la nueva ministra del Deporte, mientras que los entes de control avanzan en las indagaciones acerca de los contratos firmados por Urrutia.
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