Carlos Caicedo se declaró inocente en el proceso por el “Robo de Magdalena”: la audiencia se aplazó para el 19 de abril

El 8 de marzo, la Fiscalía General de la Nación le imputó al gobernador de Magdalena, Carlos Caicedo, los delitos de celebración de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales y falsedad ideológica en documento público. Caicedo no aceptó los cargos y se declaró inocente.

La Fiscalía pidió a la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, donde se adelanta el proceso, que ordene la medida de aseguramiento en prisión domiciliaria al gobernador Caicedo. De ser hallado culpable, podría cumplir una pena de 18 años. La defensa de Caicedo pidió tiempo para analizar las pruebas de la Fiscalía, por lo que se ordenó aplazar la audiencia para el 19 de abril.

Los hechos por los que imputaron al gobernador Caicedo se remontan a cuando este era alcalde de Santa Marta (2012-2015) y tienen que ver con presuntas irregularidades en la contratación para la construcción de la megabiblioteca en el colegio Normal Distrital San Pedro Alejandrino de Santa Marta. La obra, en su primera fase tuvo un valor de más de $10 mil millones, y en la segunda cerca de $2.800 millones.

El fiscal delegado sostuvo que la naturaleza del contrato no respondió a lo que finalmente se construyó y que encontró una “inconsistencia sustancial que afectó toda la cadena de inversión toda vez que no era compatible con una biblioteca escolar, sino con una biblioteca pública estatal, y por lo tanto, no debía estar articulando como forzosamente se hizo con el sector educativo sino con el de cultura”.

El fiscal también advirtió que el gobernador Caicedo “desconoció, presuntamente, aspectos del tipo legal y normativo para proyectos y programas pertenecientes al sector cultura. No tuvo en cuenta las comunidades indígenas, afrocolombianas, room, población vulnerable, pobres extremos y desplazados quienes no se podían beneficiar del proyecto”.

Por lo que señaló a Caicedo de faltar a los principios de la contratación estatal y de la función pública “al tramitar sin verificar el cumplimiento de los requisitos esenciales, la documentación pública con las irregularidades que se le pusieron de presente frente a la falta de planeación y de la economía”, y añadió que el contrato se firmó “pasando por encima del estatuto de contratación estatal y demás normas”.

Por esto, el fiscal solicitó que se le ordenara la medida de aseguramiento domiciliario, y la separación temporal de su cargo al gobernador Caicedo, argumentando que en su posición puede entorpecer el proceso, señalando que también existe el riesgo de posible malversación de los recursos públicos.

Durante la audiencia de imputación de cargos, el delegado de la Fiscalía General de la Nación presentó a la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá el material probatorio sobre las 17 irregularidades que encontró en la expedición del contrato de la megabiblioteca del colegio Normal Distrital San Pedro Alejandrino de Santa Marta.

El magistrado de la sala, al reanudarse la audiencia al comenzar la tarde del 8 de marzo, le dio a la defensa de Caicedo una hora para analizar las pruebas presentadas por el ente acusador. Tiempo que para el apoderado de Caicedo, Juan Vicente Valbuena, no era suficiente por lo que solicitó al magistrado, alegando la protección de los derechos humanos de su cliente y el derecho a la legítima defensa, un plazo de 45 días para preparar su presentación y así controvertir las pruebas de la Fiscalía. El magistrado aceptó la petición y fijó la fecha de la nueva audiencia para el 19 de abril.