​​JEP pidió a la Fiscalía que investigue conductas de antiguos servidores por el caso de “Jesús Santrich”

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) interpuso el lunes 6 de marzo una denuncia penal para que se investiguen las conductas de antiguos servidores de la Fiscalía General de la Nación en el proceso mediante el cual la justicia transicional le otorgó la garantía de no extradición a Seuxis Paucias Hernández Solarte, alias “Jesús Santrich”, en mayo de 2019.

El organismo de justicia anotó que pese a que existían órdenes judiciales de la Sección de Revisión de la JEP y de la Corte Constitucional, la Fiscalía General de la Nación de entonces no le entregó a la jurisdicción toda la información que fue requerida en varias oportunidades para tomar la decisión en el caso Hernández Solarte. Esto último afectó la credibilidad de la JEP y del Acuerdo Final de Paz suscrito entre el Estado colombiano y las Farc-EP.

De igual manera, precisó que la denuncia de la JEP se interpuso por una recomendación de la plenaria de la corporación, luego de recibir un informe de una comisión de seguimiento creada para el caso. La misma viene acompañada por un estudio forense realizado por Guernica Chambers, una firma de abogados con sede en Londres (Inglaterra) que relata los hechos que demuestran que hubo múltiples irregularidades.

La denuncia penal fue interpuesta contra las personas que hayan inducido o que hayan co-realizado o auxiliado esas conductas.

La Jurisdicción Especial para la Paz basa su actividad judicial en el principio ético de la justicia restaurativa, lo cual implica el reconocimiento de las víctimas y del daño provocado por la actividad criminal como partes fundamentales de la reparación.

Con la presente denuncia se invocaron tales principios éticos en cuanto a que la JEP fue víctima de hechos que pudieron constituir delitos que tuvieron como propósito impedir el ejercicio de sus competencias constitucionales y legales de administración de justicia y con ello causar un grave perjuicio al Estado de Derecho.

A continuación el documento de la JEP con el cual se denuncia la conducta de antiguos servidores de la Fiscalía General de la Nación:

Es de recordar que “Jesús Santrich” murió en la frontera entre Colombia y Venezuela. La versión oficial es que lo asesinaron en una emboscada a manos de un grupo venezolano, cuando se desplazaba en una camioneta por el país vecino.

Se habla que fue un ajuste de cuentas que tenía un grupo ilegal de ese país con el líder de las disidencias de las Farc, conocidas como “La Segunda Marquetalia”.

Pero, de acuerdo con una reconstrucción de los hechos de Cambio, realmente se trató de una operación de un coronel de inteligencia, llamado Mario Sarmiento Reyes, de 47 años de edad, que contó con el aval de altos mandos, como lo son el excomandante del Ejército Nacional Eduardo Zapateiro; el exministro de Defensa Diego Molano y el expresidente Iván Duque.

La publicación señala que es impensable que el militar actuara sin ayuda del Estado colombiano, más cuando un movimiento en falso en esta operación implicaría una guerra con Venezuela, un país más poderoso militarmente y con el que Iván Duque no tenía buenas relaciones diplomáticas, ya que señalaba que al régimen de Nicolás Maduro le quedaban “horas” en el poder, algo que finalmente no sucedió a pesar de las constantes comunicaciones con Washington para que interviniera militarmente a la república bolivariana.

Según ese medio de comunicación, un grupo de seis militares altamente calificados para este tipo de operaciones se dirigieron en dos helicópteros UH 60 a territorio venezolano, que al llegar contaba con desmovilizados quienes les dieron importante información sobre el territorio y otros pormenores a Sarmiento.

El coronel se caracterizaba por utilizar como fuente informativa a quienes pertenecían a las extintas Farc, relaciones que desarrolló cuando era comandante del Grupo de Apoyo a Desmovilizados.

También contó con la ayuda de un integrante del robusto anillo de seguridad del exlíder de las disidencias de las Farc o “La Segunda Marquetalia”, pues se le ofreció un pago de 10 millones de dólares por informar del momento en que se podía dar el asalto al vehículo de alias Jesús Santrich. Esta misma persona denunció tiempo después que nunca le pagaron lo pactado por esta información.

De acuerdo con Cambio, al informante no solo no le pagaron el dinero, sino que le amenazaron a su familia, por lo que no tuvo otro remedio que decir lo que sabía a Sarmiento.

Para cobrar la recompensa de los estadounidenses se debía llevar una prueba tangente y creíble de la baja de alias “Jesús Santrich”. Por eso un militar le cortó uno de los meñiques al exlíder guerrillero, pero este “se perdió”; aunque, nadie supo si ese dinero nunca se cobró o quedó en las manos de altos mandos de inteligencia.

Por la muerte de alias Jesús Santrich, Sarmiento recibió una comisión en Estados Unidos, país en el que –según Cambio– el militar vivió por varios meses “a sus anchas” o “como un rey”.