Delincuentes extorsionan desde las cárceles: esta es la polémica propuesta del Inpec para reducir ese delito

Ahora queda en debate si los presos usarían el beneficio para estar en contacto con sus familias o para adelantar maniobras delictivas desde sus centros de reclusión

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Durante entrevista confirmó que se adelanta proyecto para combatir la extorsión en centros penitenciarios
Durante entrevista confirmó que se adelanta proyecto para combatir la extorsión en centros penitenciarios

El coronel Daniel Gutiérrez, director del Instituto Penitenciario y Carcelario (Inpec), se refirió a las estrategias que se establecerían en el proyecto anticorrupción para los 128 carcelarios de Colombia, que tendría como objetivo central la posibilidad de legalizar el uso de teléfonos móviles al interior de algunos de los establecimientos carcelarios.

La propuesta se trata de un plan piloto para controlar el uso de los teléfonos móviles, ya que “el ingreso de elementos prohibidos como estos ha sido una de la problemática más frecuente a lo largo de los años. Además, podría ser una idea que generaría cambio en torno a la eliminación de extorsiones y corrupción dentro de los penales”, según mencionó el oficial Gutiérrez en entrevista con RCN Radio.

Cabe destacar que recientemente se han establecido diferentes reuniones con los ministerios de Justicia y de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para solucionar la problemática, en las que se han discutido sobre los impactos positivos y negativos de usar aparatos móviles abiertamente para las personas privadas de la libertad (PPL).

El funcionario además explicó que “son iniciativas que estamos trabajando y las cuales están aterrizadas en términos jurídicos, seguridad ciudadana y humana y resocialización, pero hay que revisar todos esos ítems para determinar si es viales. Esto nace a través de todo lo que se ha presentado durante años y que no ha funcionado como los inhibidores, la restricción y demás”.

Desde el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario se explicó que dentro de las propuestas se destaca poder identificar con quien se está comunicando cada interno, además se humanizaría sus condiciones de vida, permitiendo que haya un puente entre el detenido y sus familiares y amigos.

Así, el uso de los teléfonos móviles estaría condicionado por un cronograma y un registro permanente del servicio. Además se confirmó que estos beneficios se incorporarían en centros penitenciarios que certifiquen bajos niveles de extorsión.

El coronel Daniel Gutiérrez clarificó que esta se trata de una propuesta que aún está en estudio y que se aplicaría bajo un modelo de centro de llamadas’'. Y que se incorporarán mesas de trabajo con los actores que están tanto a favor como en contra del planteamiento y de esta manera incorporar herramientas que mejoren las condiciones y la calidad de vida de los internos.

A su vez concluyó su intervención aseverando que para que esta pase de ser una propuesta y se ejecute en el plano real se debe aprobar por entes de control como el Gobierno nacional y en el Congreso de la República.

Corte se refirió en 2020 al uso de celulares por internos en las cárceles
Corte se refirió en 2020 al uso de celulares por internos en las cárceles

Medidas semejantes que se han estudiado

En noviembre del 2017, a través de la sentencia T-276 la Corte Constitucional le ordenó al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y al Ministerio de Tecnologías para la Información y las Comunicaciones (MinTic) que modificaran el sistema de telefonía actual que se ve en las cárceles, admitiendo las llamadas a celular en prisión, ya que para ese momento el organismo contaba con bloqueadores de señal, los cuales permiten tener control adecuado de los teléfonos con el fin de evitar que se use en actividades ilícitas.

Esta medida se estudió, ya que el uso de los aparatos tecnológicos están prohibidos y el uso de las tarjetas de llamadas es costoso, por ello, es común que los reos ingresen ilegalmente teléfonos celulares que en muchas ocasiones se usan para delinquir.

Por ello la Corte Constitucional le otorgó un plazo de seis meses al Gobierno nacional y Ministerio de Tecnologías para la Información y las Comunicaciones, llevaran a cabo un plan piloto para que los reos accedieran a internet y se comunicaran con sus familias y para fines de tipo educativo.

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