La semana pasada se dio un hecho en San José del Caguán, Caquetá que creo múltiples opiniones de sectores políticos y sociales, pues tras el incumplimiento a una comunidad campesina se desató un episodio que dejó más de 70 uniformados y civiles secuestrados; y dos personas muertas. De acuerdo con lo mencionado por las investigaciones, en la medida por parte de la comunidad se habrían infiltrado miembros de las disidencias de las extintas Farc.
Tras los hechos que crearon una gran alarma a las Fuerzas Armadas de Colombia, la procuradora Margarita Cabello señaló que hubo omisión y negligencia, tanto por el ministro de Interior, Alfonso Prada, como por la Policía, pues, no atendieron la situación que posiblemente se habría podido evitar. Es por esto, que en entrevista con El Tiempo, señaló que desde la Procuraduría se encuentran estudiando la posibilidad de levantar una investigación contra el funcionario del ejecutivo, pues además, ya se habría advertido que venía un hecho conflictivo en la zona de Los Pozos.
“Desde comienzos de febrero (La Procuraduría advirtió la situación). Y si el Ejecutivo, a través del ministro del Interior y la viceministra de Diálogo Social (Lilia Clemencia Solano Ramírez), hubieran actuado a tiempo, no estaríamos lamentando la tragedia que ocurrió. Pero no actuaron de manera coherente con la magnitud de la situación de la que les alertamos. Estamos estudiando la posibilidad de abrir una investigación contra el ministro y la viceministra por no haber actuado a tiempo. Y contra la policía por la posible omisión de los llamados de quienes estaban siendo atacados por los campesinos”, contó Cabello al medio colombiano.
Además, en la misma línea de otras miembros de la política colombiana, la encargada de la Procuraduría señaló que las afirmaciones del ministro del Interior, que fueron filtradas, donde se escucha decir que lo que le ocurrió a los miembros de la fuerza pública y los civiles, no fue un secuestro, sino un cerco humanitario para “impidió la movilidad de unos miembros de la institución policial y de la empresa”, además, de señalar que no serán investigados los miembros de la comunidad, son irresponsables y que no se estaría respetando la separación de poderes.
“Imposible decir que, ante 78 policías privados de la libertad, y un policía y un campesino muertos, se ha dado un cerco humanitario. Tampoco el Gobierno se puede sentar a conversar con sus autores para buscar la manera de que no los investiguen ni enjuicien por esas acciones. Ellos deben saber que tienen latente la posibilidad de que les abran investigación por esos delitos. Y si los hay, al Ministro le tocaba denunciarlos. Ojo con eso”, puntualizó la procuradora.
También Margarita Cabello se refirió a las investigaciones que señalan que en el episodio del Caquetá se investigaron disidencias de las extintas Farc e hizo una advertencia que hace algunas semanas señaló la Defensoría del Pueblo con que el cese de fuego, estaría siendo aprovechado por los grupos armados para fortalecer su presencia en algunas zonas del país.
En esta línea señaló tres preocupaciones en el espacio con el diario colombiano: “Una, si en lo del Caguán, las Farc están detrás. Dos, la manera como los grupos delincuenciales se están empoderando territorialmente para poder ir a negociar en la paz total: lo del Bajo Cauca va a ser peor que lo del Caguán. La minería ilegal la explota el clan del Golfo; ya bloquearon todo, se metieron en la alcaldía de Caucasia, eso es una caldera. Y el tercer grave problema del que hay que estar muy pendientes es la lucha en Cauca y Valle del Cauca, donde intentan quitarles las tierras a los afrodescendientes que la trabajan y a los propietarios de esos cultivos de caña de azúcar. Todo por cuenta de una Paz Total mal organizada”.