La carretera que lleva de Puerto Libertador a Montelíbano, así como la vía que conecta Caucasia con Montería, en el sector de Puente San Jorge, en el municipio de La Apartada, en Córdoba, permanecen bloqueadas por el paro minero que se está llevando a cabo en la zona.
El paro minero del Bajo Cauca, dicen sus organizadores, se mantendrá hasta que haya una comunicación con el Gobierno nacional. En ese escenario, la manifestación, que comenzó siendo pacífica ante las medidas del Gobierno contra el trabajo ilegal, terminó en disturbios contra la Fuerza Pública, atacando a los uniformados y establecimientos públicos.
“Le exigimos al Gobierno nacional que estamos aquí dispuestos para negociar con ellos, al doctor Gustavo Petro, a la ministra de Ambiente, al ministro de Defensa, porque no solamente es venir hacer los operativos para quemar la maquinaria que nosotros tenemos en los territorios, es venir a traernos las propuestas para que nosotros cómo campesinos, como asociación y gremio que el Gobierno venga y dialogue con nosotros”, manifestó Never Aguas, vocero del Comité del Paro Minero en el puente San Jorge.
La alcaldía municipal de La Apartada, después de un concejo de seguridad, en el cual estuvieron presentes las diferentes autoridades del municipio, decidió extender el toque de queda nocturno hasta el lunes 6 de marzo, con el fin de prevenir alteración del orden público.
Así las cosas, se prohíbe la circulación de personas dentro del municipio de La Apartada hasta el lunes 6 de marzo de 2023, entre las 10:00 p.m. y las 5:00 a.m.
Según el comunicado de la Alcaldía de La Apartada del toque de queda se encuentran exceptuados, “las autoridades administrativas y de policía que por función del servicio deba realizar actividades entre estas horas. También queda exceptuado el personal médico que laboran en municipio o que transiten por la jurisdicción”.
Por su parte, el comandante de la Policía de Tránsito y Transportes del departamento de Córdoba, capitán Eduardo Naranjo, recomendó a los viajeros que habitualmente usan la vía hacia Medellín por Caucasia, tomar la vía alterna por el Urabá.
Esta situación también ha afectado a la terminal de transporte de Montería, donde se ha reportado una reducción del 38% en la salida de vehículos. En general, se ha afectado toda la economía de la región, por lo que se espera que las autoridades puedan llegar prontamente a un acuerdo con los mineros.
Ante todo esto que está ocurriendo, el sábado 4 de marzo, la Procuraduría General exhortó al ministro del Interior y el ministro de Defensa la intervención y atención inmediata frente a los actos de vandalismo que se presentan en medio de las protestas por el retorno de los operativos policiales en contra de la minería ilegal.
En su comunicado, el Ministerio Público alertó con preocupación que la escalada de violencia y los hechos de vandalismo que se registran en la zona están impidiendo la libre movilización de la comunidad y demás derechos de las poblaciones, por el bloqueo de vías terrestres y fluviales, generando afectaciones a la misión médica y el cierre del comercio en gran parte de la subregión, lo que está llevando al desabastecimiento de alimentos de primera necesidad.
Por último, el órgano de control rechazó los actos violentos a la infraestructura pública y privada, por lo que instó a los jefes de las carteras ministeriales, a atender de manera urgente la grave situación de orden público:
“Garantizando la seguridad de los habitantes de la región y de los empleados de la empresa Mineros Aluvial en riesgo, por el ingreso de manifestantes a uno de sus campamentos de operación”, concluyó la Procuraduría General en su comunicado.
La protesta minera en el Bajo Cauca no solo sería impulsada por los trabajadores del sector para presionar al Gobierno a negociar sobre las labores ilegales, sino que tendría grupos armados apoyándolos. Según la Gobernación de Antioquia, al parecer, el Clan del Golfo habría infiltrado la manifestación, en los bloqueos en las vías y posiblemente en los ataques a la Alcaldía de Caucasia.