“Ha hecho lo que nuestra justicia nunca hará”: Tribunal Popular de Siloé

En Siloé, un barrio popular de la ciudad de Cali, 14 magistrados de Argentina, Estados Unidos, Portugal, Cuba, México, España, Alemania Ecuador y Bolivia se interesaron por las más de 160 víctimas que la violencia policial dejó durante el estallido social de abril y mayo del 2021.

El 28, a un mes de que iniciara el Paro Nacional, unidades de la Policía, el Esmad, el Goes, la Sijín, y el ejército se instalaron armados y con tanquetas en la glorieta, diagonal a la estación de bomberos sur occidental, para atacar a los manifestantes.

Este y otros actos de violencia desmedida, ordenadas desde el Gobierno Central (en cabeza de Iván Duque), ocasionaron la muerte de 16 jóvenes –dos de ellos menores de edad– 48 heridos por armas de fuego, 73 personas retenidas de manera arbitraria y 74 víctimas de tratos crueles e inhumanos.

Ante el avance, corto y perezoso, de la justicia colombiana por resolver las denuncias de la comunidad de Siloé, fue instalado un Tribunal Popular. Su veredicto, el cual se dio a conocer el 20 de febrero del 2023, señala como responsables a quienes “debieron actuar con debida precaución y diligencia para que estos hechos no ocurrieran”, pero, en su lugar, “son responsables por acción en los hechos. Integrantes de la fuerza pública que fueron identificados, bajo su condición de mando y posición de garantes, como máximos responsables de los hechos”.

Durante un año, recolectaron testimonios, recortes de prensa, pruebas escritas y videos con los que intentaron esclarecer las denuncias por violaciones a los derechos humanos.

Abelardo Aranda, padre de uno de los jóvenes que no regresaron a casa tras salir a protestar, señaló que con este ejercicio “lo importante era defender la vida y hacer memoria por estos jóvenes, es algo simbólico, de nosotros, del pueblo. En un año recogimos toda la información de los casos y los magistrados lo estudiaron y dieron su veredicto. La unión de todas estas familias y personas que salieron lesionadas, que perdieron una vista, que no pueden caminar o están en silla de ruedas (por los disparos), nos articulamos todos, nos reunimos, lloramos, reímos, pero buscamos resignificar la vida y la memoria de estos muchachos”, en una entrevista para El Espectador.

El veredicto señala como responsables al entonces presidente; a su ministro de Defensa y actual candidato a la alcaldía de Bogotá, Diego Molano; al excomandante del Ejército, general Eduardo Zapateiro; al fiscal general, Francisco Barbosa; al alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, y a la gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán.

Los efectivos de la Policía y el Ejército que ese día cometieron crímenes de lesa humanidad habrían actuado bajo sus órdenes, con acciones similares en otras zonas de Cali, Buga, Yumbo y Popayán.

Sin embargo, Italia Pérez, madre de Michael Andrés Aranda Pérez, señaló que, aunque los del “Gobierno nacional estaban invitados a este evento, no llegaron. La sentencia que se da hoy es algo que ya conocemos y es que el Estado actuó de manera indebida. Mi hijo era como muchos jóvenes que querían un cambio y no unos vándalos, como los terminaron catalogando”, en diálogos con la agencia EFE.

Si bien existe un veredicto, este no es vinculante al macro caso que adelantan en la Fiscalía; pese a esto, tribunales populares que juzgaron crímenes como los de la guerra en Vietnam o las dictaduras en América Latina aportaron a la verdad, por lo que, según comentó la activista Berenice Celeita para El Espectador, en el mejor de los casos “lo que sigue es que todos los documentos que sustentan la sentencia sean incorporados a la investigación que está llevando la Fiscalía, la Comisión Interamericana para los Derechos Humanos y otros organismos nacionales e internacionales”.

En el peor; sin embargo, “Él tribunal ha hecho lo que nuestra Justicia colombiana nunca hará, pero que queda como precedente para que nunca más haya impunidad”, como dijo para EFE Omaira Cerón, madre de otro de los jóvenes asesinados.