El jueves 2 de marzo fueron liberados los 78 uniformados de la Policía Nacional que habían sido retenidos por la guardia campesina en el sector de Los Pozos, San Vicente del Caguán.
A esta hora, un grupo de funcionarios de la Regional de Caquetá de la Defensoría del Pueblo se encuentran en la zona para verificar de primera mano la situación de los uniformados, abrir mesas de diálogo y buscar que se terminen las acciones violentas para establecer el control y la tranquilidad de la región.
La protesta de la comunidad de la zona, que lleva más de 40 días, es en reclamo de la pavimentación de 42 kilómetros de vías e inversiones en el sector de Los Pozos, ubicado en San Vicente del Caguán, donde opera la empresa petrolera Emerald Energy.
La manifestación se tornó violenta en la madrugada del jueves 2 de febrero en medio de enfrentamientos entre los grupos indígenas y campesinos y los agentes antimotines de la policía.
El defensor del Pueblo, Carlos Camargo, aseguró por medio de un comunicado que han hecho seguimiento a las protestas y en la madrugada se habría “lanzado bombas molotov y quemaron las instalaciones de la misma (petrolera), lo que causó enfrentamientos entre parte de la comunidad y las autoridades de policía y militares”.
La noticia del secuestro de los uniformados la entregó el alcalde del municipio de San Vicente del Caguán, Julián Perdomo, en sus declaraciones a medios de comunicación regionales, el funcionario indicó que:
“La guardia campesina ingresó a las instalaciones de Emerald Energy, donde desafortunadamente, se presentó una confrontación, donde lastimosamente una persona de la Policía perdió la vida y también falleció una persona de la comunidad campesina. Tenemos cuatro heridos. Esto nos llevó a instalar un PMU, con el Gobierno Nacional, para darle solución a esta situación”, afirmó el alcalde.
Frente a la posibilidad de injerencia, por parte de las disidencias de las Farc, el alcalde fue prudente y señaló: “No me quiero apresurar ante esto, prefiero que sean las autoridades competentes las que realicen las investigaciones pertinentes para dar claridad con esto. Serán ellos los que nos informen si los campesinos se dejar influenciar por este grupo delincuencial”.
Aunque se espera más información oficial respecto a la liberación de los uniformados, Carlos Camargo, en su comunicación previa a dicha noticia, advirtió que:
“Resulta lamentable que, en el marco de las protestas sociales, hayan dejado un policía y un campesino muertos, varios policías con restricción de la movilidad y varios heridos. Las acciones violentas y las vías de hecho solo generan más violencia y no facilitan los espacios de diálogo entre las partes para encontrar acuerdos”.
El policía asesinado fue identificado como Ricardo Arley Monroy Prieto, de 39 años de edad, quien en el momento del ataque con arma blanca realizaba labores de contención de la protesta. Según afirmó la secretaria de Gobierno de San Vicente del Caguán, Sandra Rodríguez Pretelt, a Blu Radio, “el uniformado murió por una puñalada que recibió en el cuello, mientras que el deceso del campesino fue causado con arma de fuego”.
La institución notificó que Monroy era oriundo de Tunja, Boyacá y llevaba 14 años y 6 meses en la Policía Nacional y actualmente se desempeñaba como comandante escuadra dispositivo especializado de intervención. También se conoció que el uniformado dejó dos hijos, una niña de 9 años y un bebé de 3 meses de nacido.
Por su parte, la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas rechazó, en un comunicado, los actos de violencia en el campo petrolero y pidió preservar el derecho a la vida de los trabajadores de la empresa que aún se encuentran en el campo. Además, advirtió de que deben evitarse daños “ambientales irreparables” a causa de los incendios debido a que hay alrededor de 24.000 barriles de petróleo almacenados.
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