La Fundación Paz y Reconciliación (Pares), presentó el informe de violencia político-electoral (primero de este tipo), el cual le hace seguimiento a los casos de violencia en situaciones donde las personas hacen uso de sus derechos políticos. El documento es de gran relevancia, pues empezó a analizarse desde el 29 de octubre del 2022, o sea que estudiará por completo un año que culmina con las elecciones territoriales, las cuales se celebrarán ese mismo día, pero del 2023. En los primeros cuatro meses ya revela cifras preocupantes, pues se contabilizan casos de asesinatos, atentados y amenazas.
Pares define la violencia político-electoral como aquellos eventos ejercidos contra un individuo o colectivo, los cuales estén haciendo uso de sus derechos políticos, puntualmente en el marco de una contienda electoral.
“En Colombia (la violencia político-electoral), ésta se ata no sólo a las dinámicas locales de conflicto armado y criminalidad, sino también a las dinámicas políticas clientelares y corruptas. Tradicionalmente, la violencia se ha utilizado y se utiliza como un mecanismo más de competencia electoral. Para el caso de los comicios locales y departamentales existen sofisticados mecanismos de corrupción que incluso incluyen diversas alianzas con todo tipo de grupos armados organizados”, detalla Pares.
Desde el 29 de octubre del 2022, cuando comenzó la observación, y se da el inicio del calendario electoral para elegir: gobernaciones, alcaldías, asambleas, concejos y juntas administradores locales; hasta el 28 de febrero del 2023, la entidad ha registrado a 64 víctimas de violencia electoral, violentadas en 41 eventos.
A pesar que faltan ocho meses para la contienda electoral, Pares asegura que conforme se acerquen las votaciones, irán aumentando los casos y la violencia en general:
“En comparación con el período electoral equivalente inmediatamente anterior (28 de octubre de 2021 al 28 de febrero de 2022), el número total de hechos de violencia política disminuyó de 64 a 41. No obstante, el número de homicidios pasó de 6 a 11, y el de los atentados de 0 a 10. Es decir, mientras en el período 2021-2022 los eventos violentos que representaban un daño directo a la vida y la integridad de la persona representaron el 9% de la totalidad de hechos de violencia, en el período 2022-2023 este porcentaje es del 51%. Menos hechos, mayor daño y letalidad. Del total de víctimas (64), once (11) fueron asesinadas, diez (10) sufrieron un atentado y 43 fueron amenazadas”.
En 19 de los 32 departamentos se han presentado casos de violencia electoral
Por tomar referencia, en el informe se destacan cuatro hechos violentos, los cuales han afectado a periodistas, militantes de partidos políticos, congresistas y hasta la vicepresidente. El 29 de octubre del 2022, se registró un atentado contra la senadora caucana Aida Quilcué. El hecho se cometió luego de una serie de amenazas contra su vida. Hasta el momento las autoridades han detenido a alias “Chinga”, señalado de participar en el crimen.
Otro de los eventos fue el asesinato de Wilder Alfredo Córdoba, periodista que fue ultimado en el municipio de La Unión, Nariño, en noviembre del 2022, mientras ejercía su labor. Días después del crimen, mataron a dos miembros del Pacto Histórico en Magangué, población del departamento de Bolívar.
Dentro de los 41 hechos victimizantes, se contabilizaron 64 víctimas, de las cuales 11 fueron asesinadas, 10 sufrieron un atentado y 43 fueron amenazadas. Los departamentos con más víctimas fueron Santander con 20, Bogotá con 7, Nariño con 5, Antioquia y Cauca ambos con 4.
“La mayor parte de víctimas (66%) son personas electas por voto popular. Dentro de este segmento, los concejales han sido de los más afectados, con veinte (20) casos; les siguen once (11) alcaldes; cinco (5) senadores, cuatro (4) representantes a la Cámara, un (1) diputado y la vicepresidenta Francia Márquez. El segundo perfil más afectado es el de los militantes de partidos políticos, que cuentan ocho (8) víctimas, y después exmiembros de cargos de elección popular, de los que se han contabilizado siete (7) víctimas”, detalla el perfil de las víctimas detectado por Pares.
La Fundación Paz y Reconciliación no ha podido establecer en su mayoría quienes son los responsables de los crímenes, no obstante, de los que si se conocen destacan: el Clan del Golfo, las disidencias de las Farc y el ELN. Los movimientos de coalición (como el Pacto Histórico), el Movimiento Significativo Ciudadanos, el MAIS y el Partido Liberal, son los más atacados dentro de la más reciente revisión.
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