En la mañana del primero de marzo se conoció una circular emitida desde el Viceministerio de Transporte en la cual le señala a todas las autoridades de Tránsito a nivel nacional que deben imponer sanciones a los conductores que presten el servicio de transporte público individual en carros particulares.
El asunto de la circular dice “reiteración de los lineamientos sobre control a la ilegalidad, informalidad y servicios no autorizados de transporte” señala que las personas sorprendidas trabajando en aplicaciones como Uber –con carros particulares– se les sancionará con una multa equivalente a 30 salarios mínimos legales vigentes (smldv), es decir, 1′600.000 pesos.
“Conducir un vehículo que, sin la debida autorización, se destine a un destino diferente de aquel para el cual tiene licencia de tránsito”, señala el documento.
Además, en el documento del Viceministerio de Transporte se establece la inmovilización por primera vez del vehículo por un término de cinco día, por segunda vez serían veinte días y por tercera vez se impondrían 40 días.
En una entrevista con la W Radio, al ministro de Transporte, Guillermo Reyes, le preguntaron por la circular que se da desde ese viceministerio, y recordó que “este servicio es ilegal”.
“Nosotro lo que dijimos en la reunión de los taxistas, y lo ha dicho la superintentendente (de Transporte) es que nosotros tenemos que hace cumplir la Ley y todo el mundo lo sabe: el transporte público en vehículos particulares está hoy prohibido en Colombia”, señaló el ministro Guillermo Reyes a ese medio de comunicación.
La circular dejaría muy mal parada al Ministerio de Transporte y las conversaciones que ha tenido con el gremio de los conductores de aplicaciones que buscan que no se les persiga por su trabajo y que se regule su uso en Colombia.
Fuego cruzado entre el Ministerio de Transporte y del Trabajo
Mientras el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, dice que el trabajo en estas plataformas como Uber es Ilegal en Colombia, la Reforma Laboral de la ministra Gloria Inés Ramírez busca que las empresas como Uber y Rappi declaren a sus “socios” como trabajadores y que se les pague las prestaciones de ley.
Para la ministra Gloria Inés Ramírez uno de los grandes desafíos para el Gobierno nacional es que el algoritmo de las aplicaciones (que dicta –de cierta forma– a los “socios” qué es lo que deben hacer) sean vistas como un “patrón”, y bajo esta premisa se establezca la presunción de una relación laboral, lo que traería ya derechos a los trabajadores como es la seguridad social.
“Nosotros hemos venido trabajando con ellos. Hemos dicho que tienen derecho a la seguridad social. Además, a la asociatividad sindical. En el proceso de la mesa que tenemos con las plataformas hemos avanzado: ellos aceptan que haya seguridad social, asociatividad sindical”, señaló la ministra.
“¿Dónde está el debate? En la presunción de laboralidad, en este caso para la distribución de alimentos, bienes y consumo y la movilidad, los Uber y demás. Es un debate grande. Espero que en estas semanas que nos faltan podamos llegar a un acuerdo que nos permita ponernos a tono con las recomendaciones de la OIT en ese sentido. Hoy son más de 200.000 familias que están viviendo de estos modelos de bienes y servicios y de movilidad en términos generales”, enfatizó la jefe de esa cartera ministerial a ese medio de comunicación sobre el caso de aplicaciones como las de Rappi y Uber.
Para algunos lo anterior sería reconocer la legalidad de plataformas como Uber para prestar el servicio de transporte, pero la ministra señala que esto está enmarcado en la “neutralidad tecnológica”.
“La regulación obedece a un principio de la neutralidad tecnológica, es decir, todos los países que forman parte de la OIT están gobernados por el principio de la neutralidad tecnológica en términos de internet y entornos digitales. Eso significa que hay que regularlos, no rechazarlos, no prohibirlos, no llevarlos al trabajo informal e ilegal”, dijo la ministra a Semana.