Así funcionaba la corrupción en la Unidad de Restitución de Tierra: le cobraban a las víctimas y a los empleados

Desde la dirección de la Unidad de Restitución de Tierras en cabeza de Giovani Yule y el secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, Andrés Idárraga, se informó sobre hallazgos de distintos casos de presunta corrupción identificados al interior de la entidad.

Entre las irregularidades halladas se refiere el cobro sobre el valor de contratos, montos que alcanzan el 10%, y cobros para establecer si un predio es inscrito o no en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente (RTDAF). Los descreimientos de presunta corrupción se dieron en departamento del Meta, Antioquia y Putumayo.

Respecto a la Dirección Territorial del Meta, se hallaron cobros por hasta diez millones de pesos por cada resolución a favor de los solicitantes y de siete millones de pesos a personas que estuvieran interesadas en evitar la inscripción de los predios en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente.

De igual forma, en la Seccional Putumayo, existen presuntos hechos similares, los cuales están en proceso de investigación y clarificación, para detectar responsables y modus operandi.

Adicional a esto, la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras evidenció situaciones de reclutamiento de personas por falta de conocimiento y la experiencia para ser contratadas en las áreas en las que desarrollaban sus trabajos. Durante la investigación se conoció que se les indicaba que decir en las entrevistas que se generan para el ingreso a la entidad y por este proceso se pagaba entre uno y dos millones de pesos anualmente.

El secretario de Transparencia, Andrés Idárraga, afirmó que fueron traslados todos los procesos a la Fiscalía General y la Procuraduría para que estos organismos de control atiendan los casos expuestos, esperando así, que casos como el citado no queden en la impunidad.

En la misma línea, Giovani Yule, manifestó que lamenta este tipo de sucesos, aún más cuando se juega con la esperanza de las víctimas, “no tendremos tolerancia con la corrupción y generaremos mecanismos para identificar y cortar de raíz este tipo de hechos al interior de la entidad”.

Desde la dirección se generó un llamado para que todas las víctimas hagan una denuncia y tengan en cuenta que los procesos de la Unidad de Restitución de Tierras no tienen costo en ninguna de las entidades territoriales. En la misma ruta, Idárraga y el director de la entidad trabajarán conjuntamente para reforzar el Plan Anticorrupción de la entidad y los mapas de riesgos, con el fin de garantizar los derechos de las víctimas. “Ustedes son una prioridad para nosotros, en este Gobierno trabajamos para garantizar sus derechos”, concluyó el secretario de Transparencia de la Presidencia de la República.

Para generar una denuncia oportuna es importante tener en cuenta que la Restitución de Tierras consiste en un derecho de las víctimas relacionado a la devolución de predios de los que se despojó por el conflicto armado. Con esta ley lo que se pretende es generar el proceso de devolución al dueño y a su vez mejorar la calidad de vida y las condiciones socioeconómicas. El programa forma parte de la reparación integral de la Ley de Víctimas, por lo que personas que hayan sido afectadas en casos diversos también pueden solicitar la indemnización.

Es importante tener en cuenta que las personas que se quieran hacer pasar por víctimas sin serlo podrían enfrentar una condena en prisión que va de cinco a ocho años, a su vez, los funcionarios que apoyen estos actos fraudulentos tendrán que acatar las mismas sanciones penales.

Se hace necesario solicitar la inscripción del predio en el registro de Tierras Despojadas y Abandonadas de la Unidad de Restitución de Tierras, si el predio se encuentra en una zona micro-focalizada, la entidad iniciará el estudio de la solicitud de inscripción y decidirá sobre la inclusión o no del predio en el registro, si la solicitud de inscripción fue aceptada, se debe presentar una demanda ante el Juez de Restitución de Tierras.

Seguido a esto se puede solicitar que el organismo lo represente en el proceso ante el Juez de Restitución de Tierras, el juez debe dictar sentencia a la solicitud instaurada, en el caso de que el fallo sea definitivo, se entregará el predio a la persona restituida.

Esta es una dependencia que hace parte del organismo dentro del nivel directivo, con funciones específicas de asesoría y evaluación de los controles establecidos en cada entidad. La Oficina está definida en la Ley 87 de 1993, con el fin de medir la eficiencia, eficacia y economía de los demás controles, asesorar a la Alta Dirección en la continuidad del proceso administrativo, entre otras tareas. Se espera que su labor determine la efectividad del sistema de control del organismo, con el fin de contribuir a la Alta Dirección en la toma de decisiones que orienten el accionar administrativo hacia la consecución de los fines estatales.