Exgobernador indígena señalado de abuso sexual quedó en libertad

Por vencimiento de términos Jorge Aquiles Aleán quedó en libertad, tras ser acusado de pedofilia y abuso sexual contra niñas en Córdoba

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Exgobernador indígena señalada por abuso
Exgobernador indígena señalada por abuso sexual, quedó en libertad.

Las mujeres del municipio de La Apartada, Córdoba, se sienten atemorizadas tras conocer que el exgobernador de una comunidad indígena Zenú, Jorge Aquiles Chica Aleán, fue dejado en libertad por vencimiento de términos, quien sigue vinculado a una investigación por abusar sexualmente de varias menores de esta población.

A través de un comunicado titulado ¡Mujeres Zenú en Peligro!, las mujeres de la región alzaron su voz: “En libertad quedó el exgobernador indígena Jorge Chica Alean, señalado de pedofilia y de abusar sexualmente de varias y jóvenes en el Cabildo Tierra Santa, en La Apartada, Córdoba”.

Este sujeto fue capturado en el año 2021 por presuntamente abusar sexualmente de varias niñas, incluyendo a su propia hija, sus nietas y una sobrina.

La Fiscalía 19 Seccional del municipio de Montelíbano había expedido una solicitud para la captura del acusado. En ese momento, Chica Aléan fue imputado por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado, luego de recibir cuatro denuncias que lo señalaban como el presunto abusador sexual de varias niñas pertenecientes a dicho resguardo.

Además, el exgobernador indígena ha enviado amenazas a su hija y actual gobernadora de ese cabildo, Jemina Chica, en las que asegura que se tomará el resguardo a la fuerza para recuperar el control territorial. Lo anterior ha generado miedo e inseguridad especialmente en las mujeres de la comunidad que conforman la junta directiva y la guardia.

Durante el lunes 27 de febrero se habría adelantado un consejo de seguridad, donde se adoptaron varias medidas para mantener el orden y la seguridad de los habitantes del sector.

“Lo peor es que me siguen amenazando y continúa buscando más personas para que traten de intimidarme, buscando mantenerme ansiosa y desestabilizada tanto a mí como a mi hija. Tenemos miedo porque mi junta directiva está compuesta por mujeres y la mayoría de mi guardia son mujeres. Nos sentimos desprotegidas”, reveló Chica.

De esta manera, la gobernadora Chica elevó una denuncia ante la Fiscalía General de La Nación para buscar protección para su vida y la de su hija. “Esperemos que los órganos de control actúen porque las amenazas han sido directas contra la comunidad, contra mí, contra mi familia. No importa cuántas amenazas recibamos, pero lo queremos en la cárcel”, manifestó.

Cabe mencionar que, Chica Aleán estuvo recluido en el comando de Policía de La Apartada y después fue remitido a la cárcel La Mercedes de Montería. A pesar de su libertad, nuevamente se abrirá un proceso contra el exgobernador indígena, quien tendrá que rendir declaraciones para el mes de abril.

Procuraduría formuló cargos contra Jimmy Harold Díaz Burbano, exgobernador del Putumayo

El 15 de febrero del 2023, la Procuraduría General de la Nación formuló cargos en contra del exgobernador del Putumayo Jimmy Harold Díaz Burbano, que ocupó el cargo en el periodo 2012-2015. La medida fue tomada debido a las irregularidades en la construcción del parque principal de Mocoa, donde se invirtió una suma superior a los 7 mil millones de pesos.

Otro de los afectados con la medida fue Ronald Hernando Latorre, que se desempeñó como secretario de Planeación de ese departamento entre 2014 y 2015. Según la información recabada por el Ministerio Público, se encontró que aunque los estudios previos para la obra eran insuficientes e incompletos, estos fueron avalados por la oficina de planeación del departamento.

Esta no fue la única irregularidad encontrada por la Procuraduría, que advirtió que el contrato se tramitó y acordó sin que la Alcaldía de Mocoa hubiese expedido la licencia de construcción correspondiente.

Ante lo anterior, la obra no pudo ser ejecutada y se vieron afectados los recursos públicos del Putumayo, pues al contratista se le pagó una suma superior a los 5 mil millones, justificada en los gastos en los que incurrió al momento de legalizar el contrato.

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