Exfuncionarios de 4-72 serán investigados por la Procuraduría por omisión en contrato multimillonario

En un comunicado emitido por la Procuraduría General de la Nación en la mañana del lunes 27 de febrero de 2023, se conoció que el ente de control profirió pliego de cargos al exsecretario general de 4-72 (Servicios Postales Nacionales S.A.S), Juan Manuel Reyes Álvarez, quien estuvo en el cargo entre el 2016 y el 2019, por una presunta omisión de funciones en la supervisión de un contrato para el suministro de personal de apoyo, firmado por 16 mil millones de pesos.

Además, también se dictaron pliego de cargos a la exdirectora nacional de gestión humana de la misma entidad, María Yaneth Galindo Barbosa, quien laboró en el año 2016, por la misma causa.

De acuerdo con el Ministerio Público, al parecer, los investigados no habrían vigilado que se respetaran los límites presupuestales establecidos en el contrato, pues la empresa encargada continuó brindando el servicio luego de que se agotaran los recursos destinados para el trabajo, pese a que esa situación era razón suficiente para dar por terminado el plazo de ejecución.

Como consecuencia, el contratante instauró una demanda en contra de 4-72, reclamando el pago de 369 millones de pesos, por los gastos en los que incurrió mientras prestó el servicio por fuera del límite acordado.

Por ese hecho, la Procuraduría General calificó el presunto hecho de los dos investigados como una falta grave cometida a título de culpa gravísima.

Cabe recordar que, el 23 de mayo de 2016, la empresa de Servicio Postales Nacionales 4-72 suscribió un contrato con la empresa Macroservicios Express de Colombia S.A.S. por un valor de más de 20 mil millones de pesos para el servicio de transporte terrestre de postales y envíos en la región del Valle del Cauca.

El contrato se desarrolló sin inconvenientes hasta que en noviembre de ese año llegó a la oficina de la directora, Adriana Barragán, un paquete con denuncias de supuestas irregularidades con el pago a la compañía en esa región.

Según la denuncia, se había producido una sobrefacturación, es decir un valor por servicios que no se prestaron, de cerca de tres mil millones de pesos. La directora inmediatamente ordenó una investigación a Control Interno y remitió las denuncias a la Procuraduría General. Luego de dos años de presentadas las denuncias en el Ministerio Público, fuentes aseguraron que allí nunca ocurrió nada. La propia directora Barragán afirmó que no recibió respuesta de la Procuraduría.

Sin embargo, la oficina de control interno realizó el trámite debido y empezó a investigar. El 23 de mayo de 2017 le envió un documento a Barragán que reunió 12 hallazgos sobre el contrato con Macroservicios en el que se concluía que se habían probado movimientos irregulares en un software de la entidad con el fin de generar más liquidaciones de las que debían pagarse, lo que significaba que alguien dentro de 4-72 estaba involucrado.

Esto hizo referencia a la cantidad de envíos entregados por la agencia de postales y en el extenso documento de la Oficina de Control Interno, una especie de pequeña contraloría dentro de todas las entidades del Estado, se argumentó que el software que utiliza 4-72 había sido manipulado para generarle a la empresa en el Valle del Cauca más recursos, pero sin prestar los servicios.

Control Interno estableció en el 2019 que hubo cargues atípicos de servicios en algunos de los 152 municipios en donde opera 4-72 en el Valle del Cauca. Pues se estaban generando cobros por servicios fantasma que nunca se percibieron.