Una carta, en la que se hace una denuncia de la que sería la crítica situación que viven las presas de la cárcel El Buen Pastor de Bogotá, llegó a manos del medio de comunicación Cambio. La misiva, que está en poder de ese portal informativo, revela abusos a los que serían sometidas las ciudadanas que se encuentran privadas de su libertad en ese centro penitenciario, entre ellos, extorsiones, violencia, abusos y demás. La corrupción, por parte de quienes deberían cuidarlas, también sería una situación de todos los días.
El comunicado, que se encuentra fechado con el 30 de enero del año 2023, le pide al Ministerio de Justicia, a la mayor Nancy Pérez y al director del Inpec, Daniel Fernando Gutiérrez, hacerle frente a la situación. En la carta, en la que, textualmente, piden ayuda, revelan situaciones como la participación de una dragoneante para permitir la entrada a la prisión de sustancias estupefacientes, celulares, memorias, cuchillos y computadores. Estos elementos, alegan, terminan siendo usados por quienes tienen el control del ambiente de esa prisión para su alquiler o venta.
“Aquí sigue entrando droga, sigue habiendo apuñalados, siguen envenenando a las compañeras. Como somos basura para esta sociedad qué importa. El ‘cartucho’ que funciona aquí les deja muy buenas ganancias a los “sayayines”, que son los que controlan todo aquí y ganan millones. Por eso es que muchas de las dragoneantes ya se han mandado a hacer lipos, a poner senos y colas, tienen fincas y carros. Ellas (las guardas) son las que se encargan de entrar la merca en las noches y se las entregan a sus socias que son las que mandan en el patio”, dice la carta a la que tuvo acceso Cambio.
La comida que se consume dentro, por ejemplo, destaca la misiva, son vendidos de manera ilegal y a precios exorbitantes. Tan solo un huevo crudo, dice la carta, puede llegar a costar ocho mil pesos. Lo mismo ocurre con la pechuga de pollo cruda, que puede alcanzar un precio de $30.000; un pedazo de carne cruda, que llega a los $30.000; aceite, que puede costar $60.000, entre otras cosas. Por el otro lado, alquilar un celular puede llegar a costar hasta $1′500.000. En caso de que las reclusas no tengan con qué pagar, expone el portal, son sometidas a agresiones físicas y torturas.
“Aquí hay una mafia que controla todo el penal, que vende o alquila celulares, cuchillos, comida, drogas. Son un grupo de guardias aliadas con algunas reclusas. La cosa funciona así: los del Inpec entran todo y se los dan al grupito con el que ellas manejan la cárcel y se dividen por mitades las ganancias”, comenta, por su parte, una de las presas, a la revista.
Además de esto, en la carta exponen las condiciones de hacinamiento en las que viven, entre otros defectos de la construcción que las perjudican. Según testimonios rescatados por la revista ya citada, cuando llueve en Bogotá, el agua se filtra y alcanza a inundar algunos sectores de la prisión. La humedad, dicen los testimonios de reclusas que fueron compilados por Cambio, es perjudicial, incluso, para la salud de quienes habitan la cárcel, pues, algunas de las reclusas han terminado con lesiones en su piel.
A causa de las denuncias, el viceministro de Justicia, Camilo Umaña, ha estado recorriendo algunos centros penitenciarios para hacer una revisión de la situación. En el Buen Pastor, comenta la revista, se hizo una jornada de pedagogía respecto a lo que hay detrás de la reforma penitenciaria. En la reunión estuvieron presentes, además de las autoridades competentes, más de 100 reclusas.