Procuraduría pidió al INPEC soluciones inmediatas para los presos de Picaleña

De acuerdo con el Ministerio Público, 4.703 personas están viviendo una condición crítica de salubridad en el complejo carcelario ubicado en Ibagué

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De acuerdo con la información entregada por los representantes de derechos humanos de las PPL, “gran parte de las baterías sanitarias se encuentran dañadas y, por ello, se ven en la obligación de realizar sus necesidades fisiológicas en bolsas, baldes y otros sitios que no corresponden”. Archivo
De acuerdo con la información entregada por los representantes de derechos humanos de las PPL, “gran parte de las baterías sanitarias se encuentran dañadas y, por ello, se ven en la obligación de realizar sus necesidades fisiológicas en bolsas, baldes y otros sitios que no corresponden”. Archivo

La Procuraduría General de la Nación mostró su preocupación por la condición de salubridad que viven 4.703 personas en el Complejo Carcelario y Penitenciario con Alta y Media Seguridad de Ibagué Picaleña COIBA, en donde, según el ente investigador, los reclusos deben hacer sus necesidades fisiológicas en bolsas, baldes y otros sitios que no corresponden.

Por dichas razones, la Procuraduría le solicitó al director de Picaleña, por razones humanitarias, adelantar las acciones necesarias para solucionar estos problemas de salubridad dentro del complejo carcelario.

Según la información que compartió el Ministerio Público, la solicitud también se la hizo a los directores generales del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC, y a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios USPEC; como también, a la directora de la Regional Viejo Caldas del INPEC.

La Procuraduría General de la Nación hizo el llamado a buscar las soluciones a la problemática sanitaria a la que se enfrentan las personas al interior de Picaleña, cuando representantes de derechos humanos de las Personas Privadas de la Libertad PPL, entregaron información sobre la crítica situación de los reclusos al interior del complejo.

De acuerdo con la información entregada por los representantes de derechos humanos de las PPL, “gran parte de las baterías sanitarias se encuentran dañadas y, por ello, se ven en la obligación de realizar sus necesidades fisiológicas en bolsas, baldes y otros sitios que no corresponden”.

Otra de las denuncias sobre la problemática, cuenta de un pabellón donde se encuentran 293 personas privadas de la libertad y que cuentan solo con dos sanitarios y dos orinales, los cuales, “funcionan a media marcha”, según la información que compartió la Procuraduría.

También se conoció que el pabellón de mujeres, desde hace más de un año, no cuenta con servicio de agua potable para suplir las necesidades básicas de las reclusas, esto se debe, según el ente investigador, por los varios problemas de bombeo de agua y racionamiento que se vive en el complejo.

Pero los problemas son aún más preocupantes para los adultos mayores, pues entre los anuncios que hizo la Procuraduría se encuentran, por ejemplo, que las personas que padecen patologías relacionados con problemas gastrointestinales se han visto enfrentados a permanecer todo un día sin poder cambiar sus bolsas de colostomía, sin cambiar los pañales, o incluso, la misma ropa.

Por estas denuncias, la Procuraduría Provincial de Instrucción de Ibagué le solicitó al INPEC y a la USPEC realizar una inspección al complejo carcelario para identificar, cuantificar y priorizar la atención de los daños que presenta el lugar de reclusión.

“Como consecuencia de la situación de insalubridad advertida en visita del 29 de agosto de 2022 a ese complejo carcelario, y de lo denunciado por los quejosos, requirió al INPEC y a la USPEC realizar una inspección a este sitio de reclusión para identificar, cuantificar y priorizar la atención de los daños que presenta en materia de acueducto y alcantarillado”, aseguró la Procuraduría.

Para la Procuraduría, las condiciones de vida a la que se enfrentan los reclusos en Picaleña, como consecuencia de la falta de suministro de agua por problemas de acueducto y alcantarillado, atentan contra los derechos humanos, y los derechos fundamentales a la dignidad humana y a la salud.

En consecuencia, tanto el INPEC como la USPEC, el director del Complejo Carcelario y Penitenciario con Alta y Media Seguridad de Ibagué Picaleña COIBA y la directora de la Regional Viejo Caldas del INPEC, deberán informar al Ministerio Público las gestiones que se están adelantando y las que ya se cumplieron, con el fin de superar las “precarias condiciones” en la que viven las personas privadas de la libertad.

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