Gobierno nacional revocaría esquemas de funcionarios de la administración de Iván Duque

Al faltar solo un mes para que el expresidente Iván Duque dejara su cargo, este firmó polémico decreto 1064 de 2022, en el mismo se cambiaron las condiciones para hacer entrega de esquemas de seguridad por parte de la Unidad Nacional de Protección. Una de las reformas más polémicas se relacionaba a recibir automáticamente esquema por parte de funcionarios que hubiesen estado en el Consejo Nacional de Seguridad y los que hayan avalado extradiciones.

Esta alteración dejó varios de sus cercanos con un esquema de seguridad después de abandonar el gobierno. El director del Departamento Administrativo de la Presidencia De La República (Dapre), los ministros de Defensa e Interior y el jefe del gabinete se encontraban entre el grupo de beneficiados con la modificación. Otras de las controversias que relacionan la forma es el caso de María Paula Correa, la cual contaría con esquema sin haber certeza de que su vida corriera peligro.

El borrador se dio a conocer por Blu Radio, en el mismo queda consignado que la medida firmada por el gobierno anterior implica la “implementación de medidas de protección sin el lleno de requisitos y procedimientos estipulados en las normas que rigen el programa de prevención y protección”.

En este marco, en el decreto se recuerdan pronunciamientos de la Unidad Nacional de Protección a inicios de febrero en los que se dice que los esquemas no deberían asignarse simplemente por haber hecho parte de del Consejo Nacional de Seguridad o por haber avalado una extradición, sino que el criterio debería ser que son “víctimas de situaciones que se deriven de la violencia política, ideológica o por el conflicto armado interno, siempre y cuando se encuentren en un riesgo extraordinario o extremo.

En la norma se añadió también, “en torno a la población referente a quienes suscriben las extradiciones, que el hecho de que algunos servidores públicos asesoren al presidente de la República en temas de seguridad nacional o sobre la extradición de alguna persona, quien en realidad adopta las decisiones es el presidente de la República, de allí que quien funge como tal al dejar el cargo, cuenta con medidas de protección”.

Por consiguiente, tras la llegada de la administración de Gustavo Petro se determinó dar revés a la mencionada acción del expresidente Duque. Ya que se dio a conocer un borrador de un decreto que pretende eliminar los efectos de la determinación presidencial, firmada en junio de 2022.

La precisión de presidencia eliminaría todos los efectos del decreto firmado por Iván Duque, por lo que esto también implicaría que se eliminaría el punto que establece que puede entregarse un esquema de seguridad a líderes religiosos.

Según el gobierno anterior, se debía incluir la categoría de líderes religiosos para la entrega de esquemas de seguridad, puesto que “debido a los riesgos propios de su actividad religiosa y de cultos resulta necesario incluir la categoría de líderes como sujetos beneficiarios”.

Sin embargo, la orden del gobierno de Gustavo Petro no retiraría de inmediato todos los esquemas otorgados bajo el decreto de Iván Duque, sino que establecería un periodo de transición para que la Unidad Nacional de Protección considere el nivel de riesgo de los beneficiados y determine las posibles amenazas y peligros. De no encontrarse riesgo, se procedería a retirar el esquema.

Cabe mencionar que el borrador que se dio a conocer el 25 de febrero no está firmado directamente por el presidente Gustavo Petro, sino que sería difundido por Alfonso Prada, ministro del Interior, y el ministro de Defensa, Iván Velásquez Gómez. Aún no se sabe si las carteras pondrán en consideración el borrador para que la ciudadanía emita opiniones o si la intención es sencillamente promulgarlo y cortar de raíz la entrega de esquemas planteada por el anterior gobierno.