Aunque la contienda electoral en Colombia ya terminó, el Consejo Nacional Electoral (CNE) le puso la lupa a la campaña presidencial del hoy mandatario nacional, Gustavo Petro, luego de que le pasaran un requerimiento al gerente de la campaña, Ricardo Roa Barragán, entorno a las cuentas de la segunda vuelta presidencial.
De acuerdo con un informe de auditoría realizado por la firma Nexia Montes & Asociados, contratada por el CNE para analizar los ingresos y gastos de la campaña presidencial ganadora, esta presentó una serie de irregularidades como una aparente maniobra de cambio de facturas para evitar sobrepasar los topes, donaciones no registradas, hasta pagos a empresas fantasma.
Entre los hallazgos que más sorprendieron al CNE tienen que ver con el contrato de seguridad para el presidente Gustavo Petro durante la contienda electoral. Aunque los servicios inicialmente se pactaron con la empresa Seguridad Privada y Vigilancia Olimpo Seguridad por 77 millones 318 mil pesos el 2 de mayo al 29 de mayo de 2022, un mes después la compañía reversó la factura.
Según información obtenida por Cambio, el 10 de junio de 2022 Olimpo Seguridad le envió una nota de crédito a la campaña presidencial de Petro con la devolución parcial de dicho monto. El reembolso fue de 38,6 millones de pesos, lo que permitió que los gastos totales de la campaña fueran de 99,93% del tope legal permitido.
Así lo evidenciaron los auditores en uno de los apartados del informe conocidos por el mismo medio: “Con la factura No A587 de mayo 5 de 2022, se hizo el respectivo cobro por el valor pactado, no obstante, el 10 de junio de 2002 se recibe la nota crédito No. NCE-148 por $38.650.425, motivo ‘Devolución Parcial de la Factura A587′. Al respecto de la operación observamos lo siguiente: la nota crédito en mención fue recibida en fecha posterior al cierre de la campaña del 29 de mayo de 2022. La nota crédito, no se encuentra registrada en el aplicativo de Cuentas Claras haciendo parte del comprobante de egreso No 194 con el cual se originó el asiento contable”.
De acuerdo con un reporte del diario El Tiempo, Roa Barragán justificó el tema argumentando que “inicialmente se habían cotizado 10 escoltas para cuidar al candidato pero que luego se redujeron a solo 5″.
No obstante, el tema quedo en la mira de la auditoría teniendo en cuenta que, según el informe, esa diferencia de 38,4 millones de pesos le permitió a la campaña de Petro mantenerse dentro de los topes.
“Evaluamos que, si no se hace este ajuste al contrato, la campaña presidencial sobrepasaba el tope de gastos permitido en Resolución 694 de 2022 del CNE (...) La dirección de la campaña no brinda las explicaciones, sustentadas y motivadas de la reversión de dicha factura”, se lee en el reporte de Nexia Montes & Asociados conocido por Cambio.
Pagos a empresas inexistentes
Otro de los puntos que llamó la atención de los auditores tuvo que ver con la emisión de pagos a por lo menos tres empresas antes de que estuvieran legalmente constituidas ante la Cámara de Comercio.
Uno de los casos es el de la señora Mónica Slendy Velásquez, a quién se le emitió una factura por 110 millones de pesos con fecha del 18 de abril del 2022, dos días antes de que la empresa fuera registrada como unipersonal ante la Cámara de Comercio.
“Se encontró que la matrícula mercantil presenta fecha abril 20 y la factura es del 18 de abril 2022, es decir, la factura se expidió con anterioridad al registro de la empresa ante Cámara de Comercio de Piedecuesta. Adicionalmente, la factura no es electrónica”, explicó la empresa auditora en el informe, según conoció Cambio.
La misma situación se presentó con el señor Diego Fernando Londoño a quien, según la información obtenida por el mismo medio, se le generó una factura por 328 millones de pesos. Una de ellas, por 163 millones pesos, se expidió entre el 18 y 19 de abril, días previos a que la compañía fuera inscrita ante la Cámara de Comercio.
Desde la campaña reportaron a la revista Semana que todas las cuentas fueron corregidas y recibidas con “satisfacción” por el Consejo Nacional Electoral.
Los auditores así mismo señalaron en el reporte que ciertas donaciones fueron excluidas de las cuentas de la campaña presidencial de Petro. Entre ellas, según conoció Cambio, están las sedes de la campaña en Montería y Cali, en las que no se pagó arrendamiento.
“En trabajo de campo adelantado por el grupo de auditores, establecimos que existieron sedes de campaña en las ciudades de Cali y Montería, no reconocidos en el gasto por concepto de pago de arrendamientos o servicios; o sin reconocer como donaciones mediante el registro de actas y valoración de los bienes al servicio de la campaña”, se lee en un apartado del informe.
Aunque desde la campaña de Petro le aseguraron al periódico El Tiempo que todos los hallazgos ya fueron subsanados, por ahora deberán esperar a la respuesta del CNE para solicitar la respectiva reposición de votos de la segunda vuelta.