El 3 de febrero la Jurisdicción Especial para La Paz (JEP, informó que iba a denunciar ante la Fiscalía General de la Nación a varios de sus funcionarios, argumentando que estos habrían incurrido en una serie de irregularidades en el caso de alias Jesús Santrich, a quien se le retiraron los beneficios de la JEP en2020 luego de incumplir sus obligaciones con el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición.
El viernes 24 de febrero el fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, se refirió al tema y aseguró que, hasta la fecha, no han recibido en la entidad ninguna denuncia formal por parte de la JEP frente al supuesto entrampamiento a los exintegrantes de las FARC que se unieron a los acuerdos de paz y después retomaron las armas. En este proceso habrían estado involucrados funcionarios de la anterior administración, presidida en ese momento por el exfiscal Néstor Humberto Martínez.
En una rueda de prensa, Barbosa envió un mensaje contundente al presidente de la JEP, Roberto Vidal López, para que presente su denuncia formal:
“Yo de verdad estoy cansando de que en este país de que todo el mundo salga a decir que va a presentar denuncias y no las presenta en la Fiscalía”
Barbosa se refirió a la tesis de un posible entrampamiento y aseguró que no tienen evidencia de que algo así haya ocurrido en la entidad:
“¿Qué hubo entrampamiento? Aquí conforme a la información que nosotros tenemos, no hubo ningún entrampamiento de la Fiscalía General de la Nación y si los hubo estamos esperando la denuncia de la JEP para que nos digan dónde estuvo exactamente”
El siscal aseguró que lo señalado por la JEP es algo grave, puesto que ya hay sentencias en curso en los Estados Unidos:
“En los Estados Unidos hay sentencias condenatorias contra personas capturadas en el marco de ese proceso, o sea, le estaríamos diciendo a ese país que utilizó falsos procedimientos para condenar gente. Eso es gravísimo”
Denuncia de la JEP
En un comunicado, la entidad surgida del Acuerdo de Paz suscrito en 2016 señaló el 3 de febrero que tenía información que “permite inferir que se pudieron haber cometido delitos como obstrucción a la justicia, fraude a resolución judicial y ocultamiento de material probatorio por las presuntas maniobras dilatorias en la entrega de información, pruebas y evidencias de parte de la Fiscalía a la JEP”.
Cabe recordar que durante la investigación que adelantó la Fiscalía con el apoyo de la DEA para la captura de Santrich, El Espectador señaló que se obtuvieron un total de 24 mil audios que serían incriminatorios para el antiguo líder guerrillero. Sin embargo, la propia Fiscalía le negó a la JEP la posibilidad de revisarlos para adelantar su propia investigación. En su día Néstor Humberto Martínez respondió al mismo medio cuando se le cuestionó por no entregar los audios señalando: “Todos los que nosotros teníamos relacionados con Marlon Marín y esa cosa de la droga, se le entregaron”.
En el operativo donde Santrich fue capturado también cayeron los colombianos Armando Gómez España, Fabio Younes Arboleda y Marlon Marín Marín, este último sobrino de Iván Márquez, exjefe negociador de paz y segundo al mando del partido Farc.
Ya en agosto de 2022 la JEP aseguró que Santrich fue “inducido por la Agencia Antidroga de Estados Unidos (DEA) y la Fiscalía a cometer delitos y así salir de los acuerdos de paz, tal y como hizo en 2019 junto a otros destacados guerrilleros para formar la disidencia de ‘Segunda Marquetalia’” y que los primeros informes relacionados con esta conducta datarían del 2017.
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