La Procuraduría General de la Nación pidió, el 24 de febrero de 2023, a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) valorar las observaciones hechas por el procurador delegado, Jairo Acosta Aristizábal, frente a la solicitud de desistimiento presentada por el excongresista Luis Fernando Almario Rojas.
El contexto de la solicitud del Ministerio Público gira a que el hoy investigado por la JEP, solicitara su sometimiento voluntario en calidad de agente del Estado no integrante de la fuerza pública, además le pidió a esa jurisdicción ser desvinculado del proceso relacionado con su participación en la promoción de grupos paramilitares y solo continuar investigado por el asesinato de la familia Turbay Cote.
Ante dichos pedidos, el delegado Acosta Aristizábal le solicitó a la justicia de paz que, además de tener en cuenta los argumentos expuestos en su concepto, “estos sean remitidos a la Sección de Apelación de la jurisdicción para el estudio correspondiente. Lo anterior, por cuanto no fueron analizados por la magistratura en la decisión que resolvió negar la solicitud presentada por el señor Almario Rojas”.
Hay que señalar que el Ministerio Público manifestó que Almario Rojas debería responder ante la justicia por su presunta participación en el asesinato del representante a la Cámara Diego Turbay Cote y su madre, Inés Cote de Turbay, asesinados por las Farc en el municipio de Puerto Rico, Caquetá y por sus nexos con paramilitares.
La masacre de la familia Turbay Cote sucedió el 29 de diciembre de 2000, ese día un grupo de guerrilleros de la Columna Móvil Teófilo Forero del Bloque Sur de las Farc detuvo la caravana en que se movilizaba Diego Turbay Cote, congresista y presidente de la Comisión de Paz de la Cámara de Representantes, que había salido desde Florencia, Caquetá, e iba con rumbo a Puerto Rico, otro municipio del departamento, a un acto político.
Los guerrilleros dispararon a las llantas de los vehículos y los escoltas iban a sacar las armas, pero Turbay Cote los detuvo y se bajó del automotor para intentar conversar con los guerrilleros. Sin embargo, los subversivos asesinaron al congresista y a seis personas más que viajaban con él.
Turbay Cote recibió 42 impactos de bala. Las otras víctimas fueron la madre del parlamentario, Inés Cote, los tres escoltas, el conductor y a un amigo de la familia.
Sobre este caso, la JEP sostuvo en un auto que Luis Fernando Almario Rojas, de ser encontrado culpable, “habría sido determinador del exterminio de la familia política liberal más importante de Caquetá a manos de las Farc-EP. Un hecho de esta envergadura es precisamente la clase de casos que debe ser esclarecido por esta jurisdicción”.
“El Ministerio Público fue llamado por mandato constitucional a ejercer un rol de control en el sistema de frenos y contrapesos ante este sistema de justicia transicional, así como de garantizar el respeto por los derechos e intereses de las víctimas e intervinientes procesales en todas las instancias judiciales”, se lee en el documento de la JEP.
Es importante resaltar que a Luis Fernando Almario Rojas, la Corte Suprema de Justicia lo condenó a 10 años de prisión y al pago de una multa de 7.500 millones de pesos en marzo de 2016, por promover grupos armados al margen de la ley y constreñimiento al sufragante. No obstante, con la firma del Acuerdo de Paz de La Habana, que se firmaron en diciembre de ese año y con la consolidación de la JEP, el excongresista solicitó someterse a la justicia transicional.