Las cámaras de seguridad de San Andrés no están funcionando y eso tiene en alerta a las autoridades locales y nacionales.
Desde hace un tiempo el sistema de videovigilancia de la isla viene presentando problemas. Un porcentaje importante de cámaras está fuera de servicio, según han reportado la Policía de ese departamento y otras entidades.
Recientemente la Procuraduría General de la Nación se pronunció al respecto, debido a la gravedad de este asunto que estaría aportando a la inseguridad y delincuencia.
El Ministerio Público, a través de un comunicado remitido al gobernador de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Everth Hawkins Soogren, solicitó efectuar el mantenimiento, y poner en funcionamiento las cámaras de seguridad públicas que son monitoreadas desde el Centro de Diagnóstico Automotor (CDA).
De acuerdo con la Procuraduría General de la Nación, hasta el momento son al menos 17 cámaras de videovigilancia que están fuera de servicio. Es de recordar que en toda la isla hay 121 instaladas y según el órgano de control, el 100% requiere mantenimiento en la actualidad.
Los sistemas tecnológicos son indispensables para combatir la criminalidad, según la Procuraduría
Así mismo, el Ministerio Público recordó que el comando de Policía de San Andrés ya había hecho este mismo requerimiento en varias ocasiones. Lo anterior, debido a que es necesario tener en operación la totalidad de las cámaras de seguridad, para poder vigilar de manera óptima lo que ocurre en la isla.
En el documento que envió a la Gobernación del archipiélago, la Procuraduría enfatizó en que se requiere, con urgencia, la implementación de mecanismos para prevenir la criminalidad, o en su defecto, contar con elementos tecnológicos que sirvan como prueba para la judicialización de las conductas criminales que se presentan en la isla.
El organismo resaltó que en el uso de cámaras de seguridad es una herramienta muy importante en la lucha contra la criminalidad. Estos sistemas, según enfatizó el Ministerio, son efectivos para identificar y capturar a los responsables de distintos delitos.
Por lo anterior, indicó que “urge que las cámaras de vigilancia estén funcionando en su totalidad y de manera permanente, así como incrementar la cantidad de estos elementos en el archipiélago, para hacer de este instrumento un aliado eficaz”.
Finalmente, el Ministerio Público precisó que esta actuación “no implica coadministración ni injerencia en las decisiones administrativas, financieras, técnicas o jurídicas de las entidades estatales, ni de los particulares que ejercen funciones públicas”.
Tiempo límite de respuesta a la solicitud de la Procuraduría
El organismo de control instó al gobernador de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, a responder en el menor tiempo posible a este requerimiento.
De acuerdo con la Procuraduría General de la Nación, Everth Hawkins Soogren tendrá solo tres días, desde que reciba la carta, para entregar información detallada acerca del sistema en mención.
El Ministerio Público le solicitó al mandatario departamental entregar un informe pormenorizado sobre las acciones adelantadas por la Gobernación para atender los requerimientos de la Procuraduría en materia de seguridad.
Es de recordar que la violencia ha venido recrudeciendo en San Andrés, por eso la preocupación de autoridades y otras entidades. A finales del 2022, la Defensoría del Pueblo alertó un fortalecimiento de grupos armados ilegales en el archipiélago.
“La Alerta Temprana señala el fortalecimiento de estructuras armadas del narcotráfico y del crimen organizado locales y regionales que se encuentran al servicio del “Clan del Golfo”, la persistencia de la estructura armada Los Rastrojos y la tercerización de grupos delincuenciales locales tales como la banda de Los Pusey o La Fortaleza”, señaló la Defensoría en su momento.